El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, destacó ayer la colaboración de la Administración andaluza con la Justicia en relación al presunto fraude sanitario, con recetas irregulares de prescripción de aparatos ortopédicos, que ha provocado ya la detención de más de una decena de personas.

A preguntas de los periodistas en Córdoba, el consejero enfatizó que la Administración andaluza está "totalmente en contra de cualquier tipo de estafa", si bien declinó valorar en profundidad este caso concreto atendiendo a que la investigación no ha finalizado y, por tanto, los hechos aún no han sido juzgados.

En cualquier caso, el consejero garantizó la colaboración con de la Junta con la Justicia, ya que "no podemos permitir y lucharemos para que no se produzcan actos delictivos". Al respecto, Aquilino Alonso indicó que, de hecho, la Junta ha estado "colaborando desde el principio" en este caso y lo va a seguir haciendo", recalcando que "nuestra Inspección trabaja permanentemente con la Justicia para perseguir posibles hechos delictivos".

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Fernando López Gil, dijo ayer en Jerez que esta operación de la Guardia Civil es fruto de una investigación que inició el propio SAS "cuando detectamos que algo pasaba". "Estuvimos seis meses analizando y estudiando la situción y al final se dio traslado a la Fiscalía, que es lo que ha permitido realizar esas detenciones", añadió.

López Gil apeló a la prudencia porque la investigación sigue abierta e, incluso, aún se desonoce el importe del dinero estafado. Eso sí, quiso expresar que "la Junta es la perjudicada por este fraude y hemos sido partícipes de las detenciones".