La Junta de Andalucía procederá a liberar espacio de los juzgados de la provincia con la eliminación de 117.000 archivos que ya no aportan a ninguna causa judicial, estos serán almacenados en un total de 2.671 cajas. Esta propuesta se ha trasladado a la Junta de Expurgo, de la que forman parte la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la destrucción selectiva de la documentación carente de valor.

En concreto, los archivos a eliminar son de faltas y diligencias previas, fechadas entre 1956 y 1998, procedentes de los juzgados de Primera Instancia número 1, 2 y 4, de Instrucción 1, 3 y 4 de la capital gaditana y de Primera Instancia e Instrucción 3 de San Fernando.

El nuevo expurgo de documentos viene a sumar una maniobra similar que se realizó el año pasado y en la que se desecharon 111.281 expedientes en 2.146 cajas. Esta eliminación selectiva superará a nivel andaluz los tres millones de expedientes desalojados de los archivos judiciales andaluces en cerca de 60.000 cajas en lo que va de legislatura. En esta segunda fase de eliminación selectiva también se conservarán un total de 12.648 expedientes, distribuidos en 287 cajas, que serán trasladados al archivo histórico provincial de Cádiz.

También cabe recordar que estas acciones son habituales en el tiempo por parte de las administraciones, que tienden a aligerar espacios como medida de conservación de las instalaciones. Según la Junta, la primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90, se inició en 2012 en seis provincias, entre ellas Cádiz, y posteriormente se extendió o al resto de Andalucía. Asimismo, en el horizonte no sólo está la consecución de unas instalaciones más cómodas y preparadas para el trabajo eficiente sino también implantar la justicia digital y sin papeles. Tal como asegura la Consejería de Justicia e Interior, el volumen de la documentación judicial en Andalucía carente de valor susceptible de ser destruida podría alcanzar una magnitud de 400 kilómetros si se alinearan todas las cajas. Ahora se abre un plazo de dos meses para que los interesados en recuperar algún documento que vaya a ser eliminado lo solicite. La Junta de expurgo es el órgano que decide qué puede ser descartado, para ello se basa en criterios basados en el interés histórico y judicial del documento.

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, valoró este movimiento en las dependencias judiciales y afirmó que "no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar".