La Junta busca con urgencia suelo en doce localidades

La Junta va camino de convertirse en el mayor promotor inmobiliario de Cádiz en su propósito de reactivar la construcción. Primero fue la declaración del Pacto por la Vivienda; luego, el Protocolo Provincial de Vivienda y Suelo para intervenir, junto a Diputación, en las 29 localidades de menos de 20.000 habitantes y levantar cerca de 8.000 viviendas antes de 2013; y ahora llega una nueva iniciativa, esta vez orquestada por el Ministerio de Vivienda, consistente en una gran Oferta Pública de Adquisición de Suelo en los grandes municipios (los que superan los 20.000 vecinos) para promover Viviendas de Protección Oficial (VPO).

En la provincia gaditana son doce los núcleos de población que han entrado en este mapa de mercados potenciales para la Junta, considerados como los que "cuentan con una mayor demanda" inmobiliaria: Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Puerto Real, Rota, Jerez, Sanlúcar, Arcos, Algeciras, La Línea y San Roque. Como se dice, son todos los que están, pero no están todos los que son. Fuera de esta selección "prioritaria" se han quedado Barbate, Conil y Los Barrios, los tres con más de 20.000 vecinos y, por lo tanto, ausentes también en el Protocolo provincial.

La exclusión de estos enclaves importantes se debe, según el delegado provincial de Vivienda, Gabriel Almagro, a que la Administración ya dispone de terrenos en estas localidades, o bien, como es el caso barbateño, está en marcha una adaptación parcial de su PGOU en la que se contempla suelo para estos fines.

Pese a estas ausencias, la docena de municipios incluidos convierte a Cádiz en la provincia andaluza con más representantes, debido, lógicamente, a su especial organización territorial en torno a grandes concentraciones urbanas. En la Comunidad, en total, son 55 municipios, la mayoría distribuidos entre Sevilla y Málaga -además de Cádiz-, mientras que el menor número está en Granada, con sólo tres.

Otros dos aspectos importantes de esta nueva convocatoria son el cuándo y el cómo. La Junta, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), se ha dado sólo dos meses -hasta el lunes 29 de diciembre- para llevar a cabo esta gran operación de compra, para la que ha destinado 160 millones de euros y se ha marcado el objetivo de 11.000 nuevas VPO (en toda Andalucía). Habrá dos mecanismos de adquisición: directa a los propietarios privados o a través de un convenio por el que los dueños ceden el 30% del suelo a cambio de que la EPSA asuma los costes de urbanización.

No valdrán todas las parcelas, sino solamente aquellas que estén clasificadas y calificadas para uso residencial, y que, al menos, estén inscritas dentro un Plan Parcial aprobado definitivamente. Además, deberán tener una superficie y una edificabilidad suficientes para promover, al menos, 300 pisos, un requisito que complicará la viabilidad de este programa en ciudades limitadas como Cádiz o La Línea. El precio que se pagará por ellas se basará en el importe medio del metro cuadrado de vivienda protegida establecido para el municipio al que pertenezca, y se descontarán, eso sí, los costes de urbanización y financieros, las cargas y los impuestos.