La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha concedido ayudas en distintos municipios de la provincia de Cádiz para la redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares. Esta figura de planeamiento está recogida en la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento. En concreto, han sido beneficiarios en la provincia en esta convocatoria los ayuntamientos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y San Roque, así como la asociación de vecinos La Esperanza del Marquesado de Chiclana de la Frontera. El total de las subvenciones asciende a 90.000 euros. 

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha señalado que el objetivo de este planeamiento consiste en "identificar y delimitar las agrupaciones de edificaciones irregulares y establecer las medidas necesarias para su adecuación ambiental, territorial y paisajística y garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de la población". En ese sentido, se prevé que estos planes especiales vayan dirigidos a unas 1.000 edificaciones irregulares, según las estimaciones que han recogido en su petición los propios solicitantes.

Asimismo, la delegada de esta Consejería ha incidido en "la relevancia de la Ley LISTA en la articulación del territorio y el planeamiento urbanístico y la apuesta del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa, así como por el aporte de soluciones a ayuntamientos y asociaciones de vecinos en materia de regularización".

Estos planes especiales van a recoger las medidas correctoras sobre las infraestructuras de saneamiento con el fin de evitar posibles filtraciones en los sistemas de evacuación y depuración de las aguas residuales, de manera que se impida la contaminación del terreno y de las aguas subterráneas. Además, las medidas correctoras también irán encaminadas a evitar la alteración de la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.

La tramitación del plan especial puede iniciarse por el Ayuntamiento o a instancias de más de la mitad de los propietarios de las edificaciones irregulares incluidas en el ámbito de esta planificación.

Una vez aprobado el plan especial, sobre las edificaciones incluidas, siempre que haya transcurrido el plazo de 6 años de prescripción del ejercicio de protección de la legalidad urbanística, se podrán llevar a cabo las obras necesarias para conseguir el acceso reglado a los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y red eléctrica. Cada edificación irregular deberá solicitar de manera individual la situación de AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación).

Con esta línea de subvenciones se pretende incentivar la aplicación de la ley para corregir los efectos negativos de edificaciones irregulares y garantizar las condiciones de seguridad y salubridad de la población que reside en ellas.