En pleno escándalo por las ayudas de reindustrialización, que el Partido Popular va a llevar a la  Fiscalía, y con la exigencia de esta formación de que el director gerente  de  Bahía Competitiva, Antonio Perales Pizarro, dimita o sea destituido, por supuestamente beneficiar o ayudar a determinadas empresas o localidades, la Junta de Andalucía  ha acabado apartando  de su puesto al cuestionado responsable del plan .Así lo anunció al mediodía de ayer el consejero de Economía, Innovación y Ciencia,  Antonio Ávila. El responsable de la Consejería explicó  de modo textual que el Plan Bahía de Cádiz de reindustrialización “se reorganizará y se incorporará a la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), por lo que se amortizará el cargo de director de la oficina”.

   Con ello, según el consejero, el plan nacido a finales de 2007 para regenerar el tejido industrial de la Bahía  tras el cierre de la multinacional Delphi, se refuerza “en una doble perspectiva, una puramente funcional y también la física”. 

     Desde la Junta, sin embargo, han querido  desvincular la “amortización” del puesto de Perales del último escándalo. En este sentido, fuentes de la Consejería  de Economía declararon ayer por la tarde a este diario  que fue hace justo una semana, el pasado miércoles,  cuando la dirección general de IDEA planteó la reorganización, abogando por la integración de Bahía  Competitiva en la agencia, de forma “física, además  de orgánica y funcional”.

Se trata, según las mismas fuentes, de una medida que se toma en plena recesión económica  con el objetivo de contribuir al proceso de austeridad, de reordenación del sector público y  de optimización de los servicios que  está llevando a cabo la Junta de Andalucía. Además, aseveraron que con su integración en IDEA, Bahía Competitiva  “toma un nuevo impulso”.

 Por último,  respecto al futuro inmediato de Perales, las citadas  fuentes  aclararon que  “es un trabajador de IDEA”. Y en principio,  seguirá   adscrito como tal al personal de la agencia.

Este periódico intentó ayer en reiteradas ocasiones contactar con  Antonio Perales  para que  se pronunciara al respecto de la reorganización anunciada y de la eliminación de su cargo como  director gerente del plan para impulsar la reindustrialización en la Bahía, sin que fuera posible al cierre de esta edición. Este diario sí pudo contactar con la gerente  de la agencia IDEA en Cádiz, Rosa Mellado, quien declinó efectuar manifestación alguna, al considerar que correspondía a la Consejería realizar las declaraciones.

 La  ‘defenestración’ de Perales al frente de Bahía Competitiva se produce  dos semanas después  de que su nombre se haya visto salpicado por la polémica suscitada tras conocerse que el Ministerio de Industria  reclama  nada menos  que 14,5 millones de euros a tres empresas, Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales, beneficiadas con ayudas entre los ejercicios 2009 y 2010, proyectos que fueron al parecer informados positivamente por  Bahía Competitiva y de los que ahora se desconoce su interlocutor.  Tras estas empresas, hay un complejo entramado que tiene al frente a un empresario gallego, Alejandro Dávila Ouviña.

 Hacia Perales apuntó directamente el alcalde de Alcalá de los Gazules, localidad en la que las empresas de Ouviña iban a promover   el polígono industrial  La Palmosilla II, que está paralizado en la actualidad. El regidor alcalaíno, Julio Toscano, del PP, aseguró que Perales le había admitido que “pese   a ser el valedor de la inversión prevista por las empresas de  Ouviña, no es capaz de contactar con  el empresario ni explicar los motivos por los que el proyecto previsto para el polígono industrial La Palmosilla II ha quedado paralizado”.

Por último, el pasado sábado  este  diario  publicaba una información que demostraba cómo la agencia IDEA dio indicaciones a Diputación  para bajar o elevar las puntuaciones  a empresas, con vistas a recibir las ayudas de Industria. Tras ello, el PP anunció que llevará todo el asunto a la Fiscalía,  asegurando que Perales  “ha mentido”, que estaba al corriente de los riesgos que implicaba la concesión de ayudas a la red de empresas que administraba el gallego y que debía irse o ser destituido.