El salvaje asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate sigue escociendo el alma de la Benemérita. Más aún al leer las tibias declaraciones del director general del cuerpo, Leonardo Marcos, en una entrevista concedida a La Vanguardia. Por todo ello, y porque llueve sobre mojado, los portavoces nacional y provincial de Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, pidieron ayer la cabeza del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Leonardo Marcos al presidente del Gobierno. “En caso contrario, Pedro Sánchez y su Gobierno serán cómplices”.

Agustín Leal y Agustín Domínguez, secretario de Comunicación y secretario provincial en Cádiz de Jucil, ofrecieron este viernes una rueda de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz en la que pidieron de manera contundente el cese de sus funciones de Marlaska y Marcos. “El director general de la Guardia Civil está desconectado de la realidad y utiliza la demagogia barata como escudo. Pedimos su dimisión junto a la del ministro. Los políticos que dirigen tanto la Guardia Civil como el Ministerio del Interior han de asumir responsabilidades y dejar su lugar a personas capaces”, aseguró Leal.

Jucil presentó en esta comparecencia el informe que han entregado este viernes en Madrid para exigir que se cree una comisión de investigación en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que sea capaz de aclarar si la que consideran “inacción” del Gobierno en la lucha contra el narco en la provincia de Cádiz facilitó el asesinato de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez tras ser arrollada la pequeña zodiac, de apenas cinco metros, en la que navegaban por una narcolancha en el puerto de Barbate. “Básicamente hemos entregado este informe -continuó Leal- para mover a los políticos, a quienes tienen responsabilidad, para que se nombre una comisión investigación y salgan a la luz todas las carencias en materia de seguridad que sufrimos. Parece que no es importante para ellos, cuando pensamos que es un pilar básico en el estado de derecho. Hay que tener principios, si uno falla nos convertiríamos en un Estado fallido. Y lo primero es la seguridad física”.

El informe viene a ordenar cronológicamente, desde el día 8, que se refugian las seis narcolanchas en el puerto de Barbate, lo cual ya es un escándalo en una nación de la Unión Europea, una aliada de la OTAN. “Lo que se da es una tragedia. La Guardia Civil no tiene medios para hacer frente a esta amenaza, y no tiene medios por la dejadez de la administración. La seguridad está al margen de quien gobierne”.

Recordaron desde Jucil que el día 9 los agentes salen en esta pequeña embarcación de cinco metros “porque no hay otra. Están todas averiadas. Igual que ocurre en otros lugares, como Algeciras o Almería”, asegura Jucil.

Para Agustín Leal está claro que “los responsables son los autores materiales, pero también que se examine el ámbito político. Es clave restablecer el principio de autoridad, que se ha perdido en el Campo de Gibraltar, aquí la situación es muy grave. Y una forma de restablecerlo es articular una legislación acorde a esta amenaza, que aumente las penas, que considere delito grave hasta el petaqueo para surtir de gasolina a las narcolanchas, que ahora mismo no lo es, que sea grave pilotar una de estas embarcaciones que están prohibidas, aunque no lleven nada en el momento de ser detectada”. Y dio un dato apabullante. Cada día, entre 8 y 12 embarcaciones de este tipo remontan el río Guadalquivir. “El 31 de enero ya tuvimos un incidente cuando otra embarcación cargó contra una patrullera de la Guardia Civil, y entonces el fallecido fue un presunto narco. La situación es cada vez peor”, dijo Leal.

Jucil pide que se considere siempre los ataques como atentado a la autoridad y haya una pena dura. “Hay que ajustar la doble vertiente, también del ámbito judicial”, y quiso dar las gracias a la fiscal antidroga de Cádiz por sus declaraciones, “diciendo valientemente lo que está ocurriendo en el día a día, que ese principio autoridad ha desaparecido por completo. La población de todo el Campo de Gibraltar no se ve respaldada ni protegida por el actual ministro”.

Pidieron más medios, no sólo las promesas de reparaciones rápidas ni de contar con 11 nuevos barcos en los próximos años. “Que Defensa ponga a disposición de la lucha contra el narco a las unidades de la Armada modernas, bien preparadas, bien entrenadas, que serían capaces de proteger nuestras costas hasta que la Guardia Civil esté de nuevo preparada para esta tarea”.

Jucil considera que si Pedro Sánchez no cesa a Marlaska y Marcos “entenderemos que está de acuerdo con estas políticas. Hay que luchar con el narco de manera efectiva, como venía haciendo el OCON-Sur, que desde el verano de 2018 hizo un trabajo encomiable. El propio Marlaska lo puso como ejemplo pocos meses antes de su disolución y llegó a pronunciar una frase en la que decía que el Campo de Gibraltar se había convertido en territorio hostil para el narco. Hoy día podemos decir lo contrario, ahora es territorio hostil para el estado de derecho y los ciudadanos de la zona”, dijo Agustín Leal.

Para Jucil desarticular el OCON-Sur “ha sido una irresponsabilidad. Haría falta una explicación que no se ampare en la demagogia para aclarar los motivos de esta decisión. La necesitábamos aquí en Cádiz el día después del funeral, que vinieran a Cádiz a dar explicaciones”.

Jucil reclama que se considere a Cádiz como Zona de Especial Singularidad, y que se aumenten los medios hasta alcanzar una productividad económica, además de que después de estar tres años aquí destinados los agentes tengan unas ventajas a la hora de pedir otros destinos.

“Necesitamos medidas urgentes, que se nos declare profesión de riesgo, como lo son los policías locales, bomberos, policías forales, autonómicos, pero para los políticos ser policía nacional o guardia civil no es una profesión de riesgo”.

Para los representantes de Jucil, el operativo llevado a cabo en la noche de aquel viernes negro en Barbate “no fue impecable, ni fue adecuado. No hay un protocolo para eso, como han llegado a decir. Contra esos motores no se puede luchar con una zodiac”.

Y se mostraron muy críticos con el director general del cuerpo. “Su entrevista es una vergüenza, en el sentido de que le faltó decir que esto ha sido casi un accidente. No se está preparado para ese operativo. Nos tienen que respaldar con algunas medidas. Si no metemos presión política los principales perjudicados van a ser los agentes, pero a quien de verdad perjudican los narcos son los ciudadanos”.

Recordaron que el OCON incautó en cuatro años muchos miles de kilos de hachís, 35 toneladas de cocaína, 1.200 embarcaciones, planeadoras “como la usada para ejecutar salvajemente a nuestros compañeros”.

Al preguntarles por las declaraciones del alcalde de La Línea, Juan Franco, en las que llegó a apuntar la posibilidad de legalizar el hachís para acabar con el problema, Agustín Domínguez aseguró que “eso es una barbaridad. Legalizar el hachís ellos lo pueden ver bien, pero es un problema para la juventud. Pasearía con el alcalde por zonas donde hay chavales que tienen la cabeza perdida culpa del hachís. No sólo hablamos de consumo, la droga si la necesitas también afecta al resto de delincuencia, degenera el tejido social comarca, el principio de autoridad desaparece, como lo hace el estado de derecho”.

Representantes de Jucil recordaron que ya alertaron que la desaparición del OCON-Sur provocaría que el narco “se iba a desatar. Cada vez son más violentos. Tres narcos intentaron entrar en el cuartel de Barbate hace unos días. En Conil esta misma noche se ha incautado una planeadora con 40-50 petacas de gasolina. Si nos dan los medios el narco va a perder. Seguro. Pero el déficit en Andalucía es de 2.000 guardias, en Cádiz de 203, el catálogo de trabajo tiene más de 20 años y no se ajusta a los datos reales. Hay días que en Barbate sale una patrulla combinada, con un guardia de Barbate y otro de otro pueblo que dan seguridad a Barbate, Conil, la sierra y 25 kilómetros de costa”

Consideran que en la muerte de sus compañeros hay una gran responsabilidad política “porque no puedes mandar una zodiac de 5 metros. Han fallecido nuestros compañeros porque no le has dado los medios. La seguridad no prima entre las medidas que ha tomado este Gobierno. Marlaska tiene que dimitir. No es la persona idónea. Que pongan un líder capaz al frente del ministerio. Que saquen esto adelante, porque si se crea de nuevo el OCON y ese ajuste en la legislación, para que sea rápida y dura, garantizo que en seis meses el narco vuelve a retroceder. Ahora mismo lo que prima es el estado del narco. Más que clanes podemos decir que son cárteles”, aseguran desde Jucil.

Por su parte, Agustín Domínguez, representante de Jucil en la provincia, aseguró que desde que quitaron el OCON “ya en noviembre de 2022 solicitamos, viendo el aumento de narcolanchas, varios protocolos sobre el tema de actuación, solicitamos medios porque teníamos embarcaciones averiadas, ya en 2022, pedimos más presupuesto para repararlas, y no recibimos contestación ninguna. Hoy se ve que era necesario esto. Enviamos varias instancias, otra para poder trabajar 24 horas, porque cambiaron el servicio a 12 horas, y sabemos que desde el bajo Guadalquivir hasta Barbate hay 6-7 horas de navegación con mar estable. Solicitamos que se hicieran servicios de 24 horas con dos patrones, pero también nos lo denegaron. Si tuviéramos más embarcaciones ahora mismo los compañeros no estarían muertos”. Jucil contabiliza más de 40 agresiones al día a guardias civiles en toda España, que suman más de mil al mes. Y advierten que en Cádiz la media es aún mayor.

Además, sus dirigentes pidieron que se actúe contra el blanqueo de capitales en un corto plazo de tiempo, “para quitarles los beneficios económicos, tanto dinero como de bienes adquiridos por la droga, y utilizarlo para medios propios en su lucha y también para ayudar a gente que tiene una dependencia de la droga”.

Reclaman igualmente una mayor coordinación de todas las fuerzas y un único mando táctico en tiempo real que avise de forma específica y deje el COS para otras cuestiones ciudadanas, insistiendo en la necesidad de que otras administraciones, como Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera o Defensa, se involucren en la batalla contra el narcotráfico.