"La Guardia Civil está desbordada pero también actuamos en Chiclana"

El fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Ángel Núñez, no quiso ayer pronunciarse sobre las manifestaciones realizadas el día anterior por el secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, criticando el retraso de la Fiscalía de Cádiz en atender las denuncias de su formación por irregularidades en Chiclana. Sanz, que anunció que su partido recurrirá ahora la Fiscalía del Estado, dijo que "resulta curiosa la prisa que se da para los casos de populares implicados mientras que parece alargarse en el tiempo si los partícipes son socialistas".

Núñez únicamente señaló a este diario que la Guardia Civil "está desbordada", recordando que estos asuntos los lleva el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz "y son sólo tres agentes". Pese a ello, ratificó que la Fiscalía ha abierto ya diligencias por algunas de las denuncias presentadas por los populares, y que en algún caso ya "también se está actuando".

Fue hace poco más de dos meses cuando el PP presentó una primera denunciante la Fiscalía provincial por el presunto archivo masivo de expedientes urbanísticos en Chiclana entre 2003 y 2006.

En concreto, los populares pusieron en conocimiento del órgano judicial que se incoaron más de 1.700 expedientes sancionadores, de los cuales se cobraron sólo diez, con la consiguiente pérdida de ingresos para las arcas municipales con la consiguiente pérdida de ingresos para las arcas municipales.

Así, desde el PP se consideraba que estos hechos podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación por omisión de siete cargos de los anteriores equipos de gobierno socialistas entre los que se encontrarían los ex alcaldes Manuel Jiménez Barrios y José María Román, así como los ediles de Urbanismo y Hacienda Juan Jesús Jiménez, Joaquín Muriano y Manuela Moreno.

Asimismo, el PP denunció ante la Fiscalía el archivo del expediente abierto en 1998 al entonces edil socialista José Luis Piñero por ampliar su vivienda, así como presuntos tratos de favor a otros familiares de cargos socialistas por el archivo de presuntos expedientes.