Golf El Puerto anuncia un ERE extintivo para toda su plantilla

Golf El Puerto ha anunciado a toda su plantilla un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo, es decir, el cese de sus contratos. Son 18 empleados afectados, más otros seis que trabajan en la cafetería.

Según ha podido saber este periódico, la noticia fue trasladada por la sociedad que hasta hace poco dirigía el campo de golf (ubicado cerca del recinto ferial portuense) el pasado jueves. En esa comunicación se les explicaba que los malos resultados económicos habían provocado pérdidas que llevaban a esa decisión. Será el propietario actual de los terrenos, el Sareb (el conocido como 'banco malo' creado por el Gobierno) el que decida si acaba cerrando las instalaciones o las vende. Además, tras la decisión se esconde la imposibilidad de haber podido desarrollar una operación inmobiliaria asociada al campo que pretendía levantar 20 casas. Sin embargo, desde la antigua sociedad propietaria no se ha podido desarrollar dicha actuación porque hasta hace pocos meses no ha sido aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto.

A la plantilla tan sólo se le debe la última nómina y no será hasta el próximo martes cuando, en una reunión con la sociedad, se abra el periodo de consultas y sepan las condiciones que se les ofrece para la extinción de sus contratos. Hay trabajadores que llevan en el campo de golf desde que abrió.

Actualmente, Golf El Puerto atendía a unos 20.000 jugadores al año, y contaba con unos 200 abonados anuales. Muchos de ellos, según ha sabido este periódico, ya han mostrado su preocupación e, incluso, su disposición a ofrecer ayudas.

Fue un 12 de diciembre de 2003 cuando abrían las instalaciones de Golf El Puerto, el único campo de golf de 18 hoyos de El Puerto. El proyecto se había comenzado a proyectar casi una década antes por parte de la sociedad municipal Impulsa El Puerto, dirigida entonces por José Gijón. En 1997, la empresa municipal había adquirido los terrenos a una sociedad estatal que se había hecho cargo de los activos de la desaparecida Rumasa eligiendo a un grupo de sociedades para revenderlos. Entre ellos se encontraba una empresa inmobiliaria vinculada a la antigua Caja San Fernando y otra controlada por el ex consejero de Trabajo Ramón Marrero. Años después, el Tribunal de Cuentas estimó que la operación le había ocasionado un importante perjuicio económico para la sociedad municipal.

En 2002, la Caja Inmaculada (CAI), que fijó en El Puerto su centro de operaciones en Andalucía, aterrizó en el campo de golf pasando a controlar las dos sociedades que tenían a su cargo las instalaciones: Golf de El Puerto SA (propietaria de los suelos) e Inversiones Turísticas y Deportivas SL (encargada de la explotación deportiva). No obstante, la caja delegaba en Ramón Marrero la gestión de sus negocios inmobiliarios en toda Andalucía, quien se mantenía en el accionariado de ambas empresas.

El matrimonio entre CAI y Marrero se disolvió en 2010 tras el hartazgo de la entidad de que no saliera adelante ninguno de los desarrollos urbanísticos previstos, aunque la caja tuvo que abonarle una millonaria indemnización. Eso no fue óbice para que el año pasado solicitara su imputación en una causa abierta en un juzgado zaragozano, donde se investiga la gestión de los anteriores directivos de la caja tras detectarse un importante volumen de activos inmobiliarios tóxicos que han puesto en serio desequilibrio las cuentas de la entidad aragonesa, entre ellos algunos proyectados en El Puerto como el campo de golf o los terrenos de Bahía Blanca, la única zona sin urbanizar que queda del litoral portuense que actualmente trata de vender el Sareb.