Fogasa, el último salvavidas

Los trabajadores gaditanos saben mucho de despidos y cierres de empresa. En los últimos años, el índice de clausuras empresariales, bajas como consecuencia de expedientes de regulación de empleo (EREs) y las decisiones de muchos negocios de acogerse a la Ley Concursal declarando la quiebra ha hecho que muchos de esos trabajadores, además de estar en el paro, hayan sufrido otra consecuencia: la imposibilidad de cobrar las percepciones que por Ley le corresponden al declararse su empresa en concurso de acreedores y, por tanto, no disponer de fondos para hacer frente a esas obligaciones dinerarias. Para eso está el Fogasa. El Fondo de Garantía Salarial es un organismo público que, teóricamente, tiene que responder con rapidez ante el empleado despedido aportando el dinero dejado de percibir por imposibilidad de su empresa. Sin embargo, esa rapidez ha sido relativa en los últimos años y, sólo en lo que va de 2016, parece que la tramitación de expedientes y por tanto los pagos, se han aligerado.

Así se desprende de los datos facilitados en su web por el propio Fogasa. En los seis primeros meses de 2016, las cantidades pagadas en la provincia de Cádiz ascienden a 20.205.165,89 euros. Esta cifra, aparte de más que duplicar lo abonado en el mismo periodo del año pasado (cuando fueron algo más de 9,5 millones), casi se aproxima a todo lo que pagó Fogasa en todo el año 2015 (fueron 22 millones de euros).

Las cantidades abonadas por este organismo público en el primer semestre de 2016 fueron resultado de haber resuelto 2.321 expedientes, que afectaron a 686 empresas y 2.994 trabajadores. Estas cantidades son llamativas a juzgar por las que resultan de comprobar la actuación de Fogasa en la provincia en ejercicios cerrados (año completo) anteriores. Así, en todo 2015 se resolvieron 2.732 expedientes, que afectaron a 940 empresas y a 3.445 trabajadores. De continuar la segunda parte de este año con la misma tendencia, los números de 2016 (desde importes a expedientes, empresas y trabajadores) casi duplicarían los de 2015. También hay que destacar que, del primer semestre de este año, febrero fue el mes en el que más pagos se tramitaron y ejecutaron a trabajadores gaditanos, con más de 8,6 millones de euros. Pero, además, de las cantidades abonadas hay que distinguir entre las que corresponden a salarios, por un lado, y a indemnizaciones, por otro. En este sentido, de los más de 20 millones de euros abonados entre enero y junio en la provincia, 8,2 millones son resultado de los abonos de salarios (el 40,6% de total); siendo el resto, 11,99 millones de euros, para indemnizaciones. Un dato más: de los más de 20 millones pagados a trabajadores gaditanos, llama la atención que el 67,2% fuera para hombres (más de 13,5 millones), y el resto, 6,6 millones, para mujeres. El total de pagos realizados por Fogasa en la provincia este semestre sitúan a Cádiz, además, como la quinta provincia de toda España en cantidades abonadas, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, representando el 3,35% del total pagado en el conjunto del país.

El buen comportamiento de Fogasa en la provincia de Cádiz este semestre puede tener una explicación. Desde CCOO en Cádiz, uno de sus responsables, Francisco Fernández Lucas, explicó que los datos que manejan los servicios jurídicos del sindicato aseguran que "se están produciendo este año muchos menos despidos que en otros años, entre otras cosas porque ya casi no queda gente por despedir; eso hace que este año se hayan podido tramitar con rapidez muchos expedientes". Para el servicio jurídico del sindicato, según Fernández Lucas, también se ha acelerado el tiempo que transcurre desde que se emite el fallo favorable hasta que Fogasa realiza el abono. Así, detalló que "históricamente, un trabajador podía tardar entre 14 y 16 meses para recibir lo que le correspondía; ahora, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no puede tardar más de tres meses, se están realizando los pagos en no más de dos meses", detalló.

Pero, claro, el trabajador que tiene que recurrir al Fondo de Garantía Salarial no recibe todo lo que, en teoría, le corresponde según la normativa laboral. Así, la propia normativa del Fogasa recoge que el máximo que recibirá un empleado despedido en concepto de salario son 6.042 euros, mientras que por indemnización, el tope queda en 18.377,75 euros. Otras limitaciones de este fondo son que quedan excluidos para poder solicitar pagos a Fogasa los socios de cooperativas de trabajo asociado y también trabajadore al servicio del hogar familiar.