Malversación de fondos públicos y prevaricación. Son los dos delitos que la Fiscalía de Cádiz entiende que pudo haber en algunas actuaciones de Suvipuerto, la empresa municipal de suelo y vivienda, entre 2003 y 2005. Éstas corresponden a la adjudicación de las obras de dos promociones de viviendas en El Juncal así como a la venta de terrenos municipales a empresas privadas en Jardín de Cano (avenida de Sanlúcar), Ronda de Valencia y Caja de Aguas (avenida de la Diputación). Actualmente se están practicando diligencias previas en el Juzgado número 1 de la ciudad por estas operaciones.

Todo parte de un informe que realizó el interventor municipal, Juan Raya, en noviembre de 2007 sobre algunos expedientes de contratación y compraventa de Suvipuerto durante el pasado mandato municipal (2003-2007). El funcionario municipal detectó irregularidades tales como adjudicaciones de obras por encima del precio de licitación sin justificar, perjuicio económico en algunas operaciones de compra y venta de terrenos y actuaciones acordadas sin estudios previos o sin publicidad, entre otros.

Tras conocerse el informe, hubo un acuerdo de todos los grupos de que el asunto fuera analizado por los servicios jurídicos municipales. No obstante, Izquierda Unida envió el informe por su cuenta a la Fiscalía, órgano que el pasado 4 de julio procedió a presentar una denuncia formal de los hechos ante el Juzgado portuense.

En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, considera que hay indicios de delito en cinco de las ocho actuaciones que cuestionaba el interventor municipal en su informe. La primera de ellas es la adjudicación de la construcción de 71 viviendas en El Juncal a la empresa Hogar Sur en julio de 2003. Fue la única sociedad que presentó una oferta, pero su propuesta superaba en 1,6 millones de euros el precio de licitación que había planteado Suvipuerto. La Fiscalía comparte el dictamen del interventor municipal que advertía de que en la adjudicación no se justificaron los motivos por los que se aceptó este exceso sobre el presupuesto de licitación.

La segunda de las actuaciones cuestionadas por el Ministerio Fiscal es otra adjudicación a Hogar Sur por un importe de 5,6 millones de euros de otra promoción de viviendas en El Juncal, en este caso de 112, en abril de 2004. Se presentaron dos ofertas, que también superaban el precio inicial de licitación en más de un millón de euros. Finalmente se eligió una sin que constara un informe, a juicio de la Fiscalía, que señalara la "más procedente".

Las otras tres actuaciones en las que se aprecia indicios de delito son compraventas de terrenos municipales. Una de ellas es el traspaso en 2004 de tres parcelas en Jardín de Cano a la sociedad Promotora Rey Verano SL, que se hizo sin una valoración previa de los terrenos, sin resolución que acordara la operación ni una convocatoria pública para que a la operación de venta pudieran aspirar otras empresas. Lo mismo ocurrió, según el fiscal, en la venta de una parcela en Ronda de Valencia en 2004. El interventor ya advirtió el año pasado que ambos terrenos se habían vendido muy por debajo del precio del mercado

Ya por último, la Fiscalía cuestiona la operación de Caja de Aguas, unos terrenos que adquirió Suvipuerto a finales de 2003 y vendió al año siguiente en una actuación en la que hubo pérdidas económicas para la sociedad municipal. Al igual que en otras compraventas, no se hicieron valoraciones ni informes previos. El interventor dijo que pudo haber perjuicio patrimonial para la empresa municipal por estas actuaciones.

Los que por entonces conformaban el consejo de administración de la empresa municipal han sido citados por el Juzgado para declarar dentro de dos semanas. Los imputados son Hernán Díaz (era presidente de Suvipuerto), Juan Carlos Rodríguez (consejero delegado) y Luis Márquez (gerente), además del resto de consejeros que representaban a los partidos políticos. Éstos son Yolanda Nimo (IP), Carmelo Navarro y José Galán (PP), Antonio Bollullos y Álvaro Aguirre (PSOE) y José Manuel Vela (IU).

Asimismo, durante la tramitación de la denuncia, tanto la Fiscalía como el Juzgado han requerido diversa documentación al Ayuntamiento y a la empresa municipal, que ya ha sido remitida.