Europa asegura que no hay un plazo límite para cambiar la ley

La Comisión Europea subrayó ayer que es "esencial" que España apruebe la reforma del sector de la estiba después de que este jueves el Pleno del Congreso rechazase el real decreto ley del Gobierno. Pero al mismo tiempo desveló que no hay un plazo límite concreto aunque el recurso que ha presentado ante la justicia europea propone multas millonarias que crecen por cada día que no se apruebe la reforma.

"A pesar del rechazo al decreto propuesto por el Gobierno, es esencial que España reforme el sistema de trabajo portuario, que no está en línea con la legislación europea. También es una cuestión de competitividad para los puertos españoles", afirmó la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

"Invitamos a España a cumplir con la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia (TJUE) y con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea", dijo la portavoz, quien añadió que Bruselas "está como siempre preparada para asistir a las autoridades españolas".

Itkonen subrayó que no existe una fecha límite "específica", pero recordó que se trata de un procedimiento de infracción "en marcha" y que el recurso del Ejecutivo comunitario propone multas hasta que España apruebe la reforma.

La portavoz se refiere a las dos multas propuestas por Bruselas, sobre las que aún tiene que fallar la justicia europea. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TJUE declaró ilegal es sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre de 2014. El montante acumulado hasta hoy por es de 22,8 millones.

La segunda sanción supondrá, si es confirmada por el tribunal, una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia. En cualquier caso, se trata únicamente de propuestas de la Comisión Europea, que el futuro fallo del TJUE puede modificar o confirmar.

La justicia europea todavía puede tardar unos meses en pronunciarse sobre el caso. Según los datos del propio tribunal, la duración media de los procedimientos es de 14,7 meses y el recurso de la Comisión Europea fue presentado en julio de 2016.

El Gobierno español, sin embargo, ha esgrimido continuamente desde febrero, cuando puso en marcha la reforma a través de un real decreto ley, la inminencia de una sanción contra España como uno de las razones para tramitar la reforma por esa vía en lugar de hacerlo como proyecto de ley, abierto a las aportaciones del resto del arco parlamentario aunque con un proceso de tramitación sensiblemente superior en el tiempo.

El posicionamiento de la CE contrasta con la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, quien amenazó en la Comisión de Fomento del Congreso con "tomar medidas" si la convalidación del decreto no salía adelante antes del 24 de marzo, en referencia a los procedimientos sancionadores contra España.