Estudian medidas contra los técnicos imputados en la Operación Tequila

El alcalde de El Puerto anuncia la elaboración de un informe jurídico tras la implicación del jefe de licencias y de una delineante en una trama de legalización de chalés

Fernando Jiménez Fornell (d), en el Juzgado portuense a finales de 2008.
Fernando Jiménez Fornell (d), en el Juzgado portuense a finales de 2008.
E. M. Cañas / El Puerto

18 de febrero 2010 - 05:01

El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, anunció ayer que ha encargado un informe jurídico para analizar la posibilidad de tomar medidas disciplinarias contra los dos funcionarios municipales implicados en una trama que se dedicaba a legalizar viviendas de manera fraudulenta, una investigación que ha recibido el nombre de Operación Tequila. Los imputados son Fernando Jiménez Fornell, jefe de licencias del Ayuntamiento, y su compañera sentimental Milagros Trigo, delineante del Área de Urbanismo. Junto a ellos también han sido implicados el ex alcalde Hernán Díaz (la Guardia Civil considera que estaba al frente de la trama) y el ex concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, una investigación que está siendo dirigida por el Juzgado número 1 de El Puerto.

El regidor portuense indicó que se ha encargado un informe a la Concejalía de Personal del Ayuntamiento "respecto a las medidas a tomar o no" con estos dos técnicos del Área de Urbanismo. Moresco apuntó que, ante todo, hay que "respetar la presunción de inocencia ya que es un derecho pero no puedo quedarme de brazos cruzados". No obstante, advirtió que el Ayuntameinto no tiene aún constancia oficial de la imputación de los anteriores responsables municipales y de los funcionarios.

Además, el alcalde anunció que se ha solicitado otro informe a la asesoría jurídica municipal para que determine la posibildad de que el Ayuntamiento se persone en las diligencias judiciales que se generen de la Operacion Tequila así como en otras que ya se instruyen en los juzgados portuenses. "En base a estos dos informes actuaremos", agregó el primer edil.

Por su parte, Izquierda Unida, formación que denunció a la Fiscalía a finales de 2007 las legalizaciones de viviendas mediante silencio administrativo, apuntó ayer que "ha llegado la hora de la justicia". Su portavoz en el Ayuntamiento portuense, Julio Acale, mostró su confianza en "la actuación de la justicia y que ésta llegue hasta donde tenga que llegar porque la corrupción en El Puerto ha enriquecido a unos cuantos y ha empobrecido a muchos con cargo a las arcas municipales".

Asimismo, el edil mostró "dudas" del "papel desemapeñado" por Enrique Moresco (que fue concejal de IP hasta 2006 antes de pasar al PP) así como por Fernando Gago (alcalde tras la inhabilitación de Hernán Díaz y miembro del actual Gobierno de PP y PA). "Resulta difícil imaginar -sostiene Acale-cómo los señores Moresco y Gago, dadas sus responsabilidades pudieron permanecer ajenos a toda esta supuesta trama".

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