Provincia de Cádiz

Diputación deberá revisar las plazas del plan de consolidación si lo continúa

  • Un juez dice que el proceso para fijar 261 puestos, parado hasta ahora, podría seguir con cambios Para el PP el dictamen confirma sus dudas

El plan de consolidación de 261 puestos de trabajo en la Diputación, paralizado hasta ahora por los tribunales, podrá seguir adelante siempre que las plazas "reúnan los requisitos legalmente exigidos para ello". Es decir, que cumplan la ley 7/2007 para este tipo de procesos, que se acredite "que se trate de puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías que estén dotadas presupuestariamente y se encuentren desempeñada interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005". Además "habrá de ser nuevamente redactado conforme a derecho lo indicado en la base séptima, fase de oposición, primer ejercicio, para las plazas de plantilla de personal funcionario".

Es lo que dice la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Cádiz, que tenía parado el proceso como medida cautelar, tras estimar de forma parcial el recurso presentado por el PP cuando estaba en la oposición de la institución ya que este plan lo puso en marcha el anterior gobierno del PSOE con el consenso de CCOO y UGT.

Sin embargo, su continuidad sigue en el aire teniendo en cuenta que el denunciante está ahora en el gobierno de Diputación y que el PP sigue pensando que el proceso "estaba viciado desde el principio". Fuentes de la Diputación manifestaron ayer a este medio que la sentencia está en manos del servicio jurídico, que lo está estudiando. Además la sentencia no obliga a ponerlo en marcha.

Pero como partido sí enviaron un comunicado donde Mercedes Colombo -vicepresidenta de Diputación, portavoz del grupo popular y quien llevó el caso a los juzgados-, manifestó que el nuevo dictamen "evidencia que el Gobierno del PSOE actuó sin el más mínimo rigor" y que "lo único que está claro es que las dudas sobre la legalidad de las bases generales del proceso de consolidación se han confirmado". El PP mantiene desde el principio que el plan pretendía "perpetuar a los que entraron a dedo" en la Diputación.

La polémica empezó en 2009, con la aprobación de las bases. Una de ellas, la séptima, tuvo que ser cambiada en noviembre de 2010 tras la primera denuncia del PP al "no garantizar los principios de mérito y capacidad que consagra la Diputación". Los populares volvieron a recurrirlas dando lugar a esta última sentencia, que también puede ser recurrida.

De todos los argumentos presentados por el PP, el juzgado estima uno de ellos y considera "absolutamente necesario que previa e individualizadamente se analice por la autoridad que tenga competencia para ello, y tras los informes que resulten procedentes, si todas y cada una de las plazas que pretenden cubrirse a través de este procedimiento reúnen los requisitos legalmente exigidos para ello". Una vez hecho eso, se podría seguir con un proyecto del que sólo quedaba fijar las fechas de los exámenes, ya que poco antes de su paralización, justo en el cambio de gobierno, ya se había publicado en el BOP la lista de admitidos y la composición de los tribunales.

Nada tiene que ver la reacción del partido que ahora gobierna la Diputación con la de los sindicatos, que se congratulan por lo que consideran un éxito y un "fuerte varapalo" al PP. "Le da la razón al sindicato: el proceso de consolidación es legal", afirma CCOO, que actuó voluntariamente como parte codemandada en el proceso judicial tras salirse la Diputación cuando el PP llegó al poder. A pesar de ello, esperan un recurso por parte del Partido Popular "que puede servir al actual gobierno provincial para demorar aún más el proceso a la espera de la entrada en vigor de las Reforma de la Administración Local, con la intención de facilitar una futura reducción de la plantilla adscrita a la Diputación". Fuentes sindicales apuntaron que la revisión de las plazas dejaría el número en unas cincuenta menos.

Desde el PP insistieron ayer que nunca han estado en contra de los intereses de ningún trabajador, sino que siempre han defendido los criterios de transparencia, méritos y capacidad para llevar a cabo la consolidación.

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