La Diputación ofrece sus viviendas vacías a la Junta para alquiler

La Diputación de Cádiz está dispuesta a ceder a la Junta de Andalucía todas las viviendas provinciales que están actualmente vacías -en torno a medio centenar- para que puedan ser habitadas por los ciudadanos que lo deseen en régimen de alquiler. El único requisito que plantea la institución provincial es que esta cesión se realice bajo las mismas condiciones económicas reguladas en el decreto ley de ámbito autonómico aprobado recientemente por el Gobierno andaluz y sin necesidad de que haya que realizar expropiaciones.

Esta novedosa iniciativa, defendida por el diputado provincial de Vivienda, Antonio Saldaña, y avalada por el presidente de la Diputación, José Loaiza -ambos del PP- fue esgrimida en el pleno de ayer de la institución provincial. En su intervención, Saldaña explicó que el gobierno provincial planteará a la Junta la firma de un convenio que establezca que durante tres años -un periodo idéntico al de las expropiaciones temporales planteadas en el decreto ley andaluz- la administración andaluza abonará, en concepto de indemnización por ocupación de inmuebles, el pago anual del 2% del valor de tasación de las vivienda promovidas por la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo que se encuentran actualmente desocupadas. Asimismo, y copiando el referido decreto ley, el inquilino nunca pagaría más del 25% de la renta familiar en la parte del alquiler que le correspondería.

Saldaña destacó de esta iniciativa que agiliza la ocupación de las viviendas porque prescinde de las expropiaciones, mientras que Loaiza incidió en el hecho de que la Diputación de Cádiz se adelanta así a las iniciativas que pueda adoptar la Junta sobre su propio parque de viviendas públicas.

Con la presentación de esta propuesta el gobierno provincial del PP logró desactivar en parte una moción algo confusa de IU para la adopción de medidas que garanticen la función social de la vivienda en la provincia y otra más concreta del PSOE para que la Diputación facilitara la salida al mercado de sus viviendas desocupadas bien en régimen de alquiler social o bien en régimen de alquiler con opción a compra. La primera de las mociones fue rechazada con los votos en contra del PP pero la segunda sí fue aceptada, pese a que el diputado provincial del Vivienda dijo que ya se han iniciado o se van a iniciar estos trámites en localidades como San José del Valle, Benalup-Casas Viejas, Vejer o El Bosque.

Desde las filas del Grupo Socialista, su portavoz adjunto, Alfonso Moscoso, destacó el "carácter social" de esta propuesta aprobada por el pleno y recordó las "miles de familias gaditanas" que no pueden actualmente acceder a una vivienda digna por cuestiones económicas.

Antonio Saldaña (PP), por su parte, criticó "el comunismo y el socialismo de salón", pidió a los diputados de PSOE y de IU "que se bajen de la nube" y recordó que la primera medida que tuvo que adoptar el gobierno provincial de Loaiza cuando tomó posesión hace ahora casi dos años fue frenar el desahucio de una familia de Villamartín con 12 hijos impulsado por el último gobierno provincial de PSOE e IU. Y aprovechó, al igual que hizo el portavoz del PA, Jesús Plaza, para criticar los desahucios firmados en este último año por la actual consejera de Fomento, Elena Cortés (IU).

El portavoz de esta última formación, Pedro Romero, precisó por su parte que pese a que estos expedientes de desahucio se siguen tramitando desde la Junta de Andalucía "en este último año no se ha ejecutado ni uno porque esos expedientes jamás se llevan al Juzgado".