El Pleno de la Diputación ha aprobado la modificación presupuestaria que permite la financiación del Plan Especial de Empleo que la entidad provincial pone en marcha como respuesta al COVID-19. Mediante este acuerdo plenario, ya dispone de 10,5 millones de euros para este fin.

La moción fue presentada por vía de urgencia con el fin de poder agilizar los plazos, en un momento de gran complejidad en el plano social y laboral por el parón económico que ha significado la pandemia. En este sentido, la diputada de Empleo, Ana Carrera, explicó el ingente trabajo que ha sido necesario para completar el expediente y que pudiera llegar a su aprobación en el Pleno pese a lo exiguo de los plazos y se ha felicitado de que el dinero pueda llegar lo antes posible a los ayuntamientos. Este plan se gestiona a través del Área de Empleo y se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre de 2021. Se dedicará a la conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de competencia municipal, y la red general de infraestructuras.

El Plan Especial de Empleo se articula para disminuir el impacto económico de la crisis sanitaria y desarrollar servicios de interés general en el ámbito municipal. Su objetivo es minimizar el impacto social y facilitar medidas extraordinarias de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, que se ven particularmente afectados y que tenga incidencia más allá del fin de la emergencia sanitaria. Dos millones asignarán a municipios de menos de 20.000 habitantes y ELA y 8,2 millones a los mayores. Hay que recordar que Diputación también financia con fondos propios el Plan de Cooperación Local, dotado con 4,3 millones sólo para poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

El Plan Especial de Empleo está en fase de subsanación y con este acuerdo ya cuenta con el respaldo económico, paso imprescindible para poder seguir tramitándose para su posterior ejecución. Ahora sólo queda pendiente que se apruebe el Plan de modo definitivo en un futuro Pleno, cuando se resuelva la única alegación presentada.

El acuerdo plenario de ayer permitió liberar una serie de partidas de programas que no podrán ejecutarse este año a causa del COVID-19. Estos proyectos no desaparecen, sino que se aplazan para su ejecución futura, ya que la prioridad es dar respuesta a la crisis social y laboral que representa la pandemia del coronavirus.

La modificación presupuestaria fue aprobada con votos a favor de Andalucía por Sí, Partido Popular, La Línea 100 por 100, tres de los cuatro diputados de Adelante Cádiz, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Izquierda Unida y de Hugo Palomares, de Adelante Cádiz. Carrera mostró su sorpresa ante los votos negativos “explíquenle a los desempleados que se han quedado en paro que han votado en contra porque no han tenido tiempo de ver con detalle los expedientes”, afirmó.