Tal día como mañana de hace nueve años, el 22 de febrero de 2007, se adoptaba una decisión en EEUU que, sin saberlo entonces, cambiaría para siempre la realidad laboral, social, política y hasta judicial no sólo de la provincia de Cádiz, sino de toda España. Aquel día, poco después de las nueve de la mañana, la noticia ya estaba en todas las agencias: Delphi había anunciado el cierre y dejaba sin empleo a 1.600 trabajadores directos que, sumados a los indirectos y a las contratas, llegaban a sumar la cifra de 4.000 personas afectadas. Ese mismo día, en el Ayuntamiento de Puerto Real (municipio donde se ubicaba la fábrica), se reunieron una docena de alcaldes gaditanos para sumar su apoyo unánime al comité de empresa, en contra del cierre.

Pocas cosas han ocurrido en esta provincia que hayan provocado tal unanimidad política y social, primero para bien, y después para todo lo contrario. En aquellos primeros días, se sucedieron las muestras de apoyo. Hubo, en el espacio de pocas semanas, dos grandes manifestaciones que reunieron en la capital gaditana a más de 50.000 personas cada una. Probablemente, haya sido la última vez que una manifestación logró tal éxito. Es más, hasta el Obispo de Cádiz entonces, Antonio Ceballos, encabezó la marcha y escribió de su puño y letra un artículo de apoyo a los trabajadores. La Semana Santa de aquel año, como antes ocurrió en el Carnaval, se inundó de lazos amarillos en los pasos (color elegido para la reivindicación Delphi). Marchas de mujeres, caminata hasta Sevilla, apoyos de todos los colores. Manuel Chaves en Cádiz y José Luis Rodríguez Zapatero en Sevilla no se cansaron de repetir en aquellos días de campaña electoral lo de "no os vamos a dejar tirados". Aún resuenan esas palabras hoy en las grabaciones que conservan los ex Delphi. Incluso una huelga general solo en la Bahía de Cádiz, el 18 de abril de 2007, que fue un rotundo éxito. Cerró hasta El Corte Inglés, señalaban entonces los sindicatos, convirtiendo a esta señera marca en el símbolo del triunfo.

Pese a reuniones, denuncias, cortes de carretera y amenazas políticas, el 31 de julio de ese mismo año, la fábrica de Delphi pasó a la historia. Cada trabajador recogió su cheque, su indemnización de 45 días por año trabajado y se aprobó en asamblea dar luz verde a los planes incipientes que anunciaba la Junta.

Ahí empezó todo. Poco después, la Junta en manos de su presidente entonces, Manuel Chaves, traía a Cádiz su Consejo de Gobierno para anunciar un plan de choque, el germen de lo que después sería Bahía Competitiva. Se llegaron a anunciar hasta 15 empresas para recolocar al colectivo. De todas, solo dos cuajaron y, de ellas, una duró poco. Gracias a Delphi nació Las Aletas. Se creó con la intención de poner en marcha un gran espacio productivo que atrajera empresas.

Comenzó la formación. Mientras los 'alumnos' recibían las clases, esa solidaridad inicial se fue tornando en crítica. El hecho de que siguieran en paro tres años después del cierre y continuaran recibiendo una mensualidad fue demasiado para las decenas de miles de desempleados en la provincia. Y, de la noche a la mañana, pero cinco años después, la Junta dijo que se había acabado, que su relación con los Delphi ya no era la misma que al principio, que la culpa no era de ellos, sino de la crisis. Relación rota. Por el camino, denunciaron los sindicatos, quedaron muchos: fallecidos, incapacidades, enormes dramas personales, encierro en los sindicatos.

De aquella decisión adoptada en EEUU tal vez mucho antes del 22 de febrero de 2007 (los que saben de esto, antiguos trabajadores, dicen que al menos se sabía desde 2005), salieron decisiones que hoy siguen siendo juzgadas, social y penalmente. Ahora el TSJA ha dicho hasta aquí. A partir de ahora, solo queda que quienes sigan teniendo ánimo y ganas, intenten convencer de nuevo a los partidos políticos de que a los ex Delphi se les debe algo.

¿Culpables? Desde la Administración autonómica se ha insistido en que ha cumplido con este colectivo sobradamente, que hoy no se pueden soportar los gastos de hace años porque la situación económica no tiene nada que ver. Desde los sindicatos alegan lo contrario, que tienen el famoso protocolo firmado que, desde el pasado jueves, es papel mojado merced a la sentencia del TSJA. Y los afectados echan la vista atrás y recuerdan a sus más de 600 compañeros prejubilados que hoy disfrutan de una buena pensión; a quienes decidieron buscarse la vida por su cuenta y no hacer caso de sindicatos ni de protocolo; y miran hacia adelante y ya solo ven su edad.