El Ayuntamiento se ha cobrado una nueva victoria en la batalla administrativa y legal que libra desde hace años con el Ministerio de Defensa para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las instalaciones de Navantia en La Carraca.

El pasado mes de febrero, el Juzgado número 3 de Cádiz desestimó el recurso interpuesto por Defensa contra el cobro de este impuesto municipal al entender que la actividad industrial que se desarrolla en estos terrenos no es exclusiva para la defensa nacional y que, por tanto, procedía el correspondiente pago del IBI al Ayuntamiento.

La sentencia se refiere a los ejercicios de 2003, 2004, 2005 y 2006. Y el importe requerido por el Consistorio por estos años asciende en total 409.105,07 euros.

Ahora, aunque Defensa ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ayuntamiento reclama las cantidades correspondientes a 2008: dos recibos de 82.668,53 euros cada uno que corresponden al primer y segundo semestre del año.

La diferencia con respecto a las cantidades anteriores -Defensa aún no ha pagado un céntimo al Ayuntamiento por el IBI de Navantia- es que hasta ahora el Ministerio había solicitado como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la resolución administrativa, es decir, del correspondiente pago adeudado al Ayuntamiento, en tanto que el proceso, al haber sido recurrido, continuaba su marcha. Y este auto de suspensión había sido concedido. Hasta ahora.

El Juzgado ha denegado la solicitud presentada en este sentido por la abogacía del Estado para los dos semestres de 2008. Defensa, por tanto, debe abonar el IBI de 2008 con independencia del recurso presentado tras la sentencia de febrero que aún está pendiente por el recurso. El último auto, del juzgado número 4 de Cádiz, data del pasado día 8 de septiembre. Defensa puede ahora interponer un recurso de apelación.

Los argumentos empleados hasta ahora por Defensa para rechazar el pago del IBI de los imuebles de Navantia en La Carraca que el Ayuntamiento pasan por considerar estos terrenos como afectos a la defensa nacional. Sin embargo, la sentencia del pasado mes de febrero los rechaza al considerar, según las pruebas aportadas, que la totalidad de la actividad naval de Navantia en los astilleros de San Fernando no es en exclusiva para la Armada española, aunque su trabajo se centre precisamente en esta parcela.

A los 400.000 euros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 a 2006 hay que sumar así los 165.337 que corresponde a los dos semestres de 2008 y una cantidad similar correspondiente a 2007, anualidad que, curiosamente, el Ministerio de Defensa no ha recurrido, si bien todavía no ha hecho efectivo ni un sólo pago de todos los que se adeudan.

La cantidad total a abonar por Defensa en concepto de IBI por las instalaciones que ocupan los astilleros de Navantia supera ya de esta manera los 700.000 euros. Los primeros pagos, los de 2008, al no tener que esperar a que se resuelva el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía podrían efectuarse en un corto periodo de tiempo.

El punto de partida de esta batalla legal entre el Ayuntamiento y Defensa se remonta al año 2006, cuando el Ayuntamiento decidió girar a este Ministerio las liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles de los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2006 de los inmuebles en los que se asientan las instalaciones de Navantia, que entiende el Consistorio no están afectados por la defensa nacional y, por tanto, deben abonar sus correspondientes impuestos municipales.

Defensa recurrió estos pagos alegando justo lo contrario y ambas administraciones entablaron el proceso judicial que todavía está pendiente de resolver sus últimos trámites.