Cuenta atrás de 50 días para redactar, aprobar y solicitar proyectos al Estado

Los consistorios de Cádiz tendrán que emplearse a fondo para exprimir los 213,7 millones que recibirán del Gobierno · Las obras deben ser nuevas, inminentes y con contratos a parados

El fondo va dirigido a financiar obras municipales de toda índole.
El fondo va dirigido a financiar obras municipales de toda índole.
Beatriz Revilla / Cádiz

03 de diciembre 2008 - 01:00

Los ayuntamientos gaditanos tienen a su alcance un aguinaldo navideño millonario pero tendrán que emplearse a fondo para conseguirlo. El Ministerio de Administraciones Públicas ha reservado para la provincia casi 213,7 millones dentro del nuevo Fondo de Inversión Municipal que repartirá 8.000 millones entre los consistorios de todo el territorio nacional.

Como anunciara el presidente del Gobierno, la asignación se basa en un único criterio, el poblacional, de manera que por ciudadano corresponden exactamente 176,98 euros, de ahí la cantidad resultante, correspondiente a los 1.207.343 gaditanos residentes y censados oficialmente en la provincia. De acuerdo con esta pauta, Jerez (cerca de 35,9 millones), Cádiz (22,7) y Algeciras (20,2) son las localidades que, lógicamente, podrán recibir mayor financiación del Estado. Entre las tres suman más de un tercio de la cantidad total, mientras que el municipio que, por la misma razón, tiene el menor margen de ayudas será Villaluenga, con 84.246 euros.

Es una inyección muy fuerte para los consistorios, sobre todo para aquellos que han sufrido una gran reducción de los ingresos por la caída de la construcción y la menor actividad comercial, o que, incluso, tienen o han tenido suspendidas las compensaciones anuales del Estado por su alto grado de endeudamiento (caso de Barbate, Sanlúcar o Arcos).

Pero para tener acceso a este importante pellizco inversor, los consistorios dispondrán solamente de un mes y medio, comprendido entre el 10 de diciembre y el 24 de enero, para hacer toda la tramitación: redacción, aprobación (en Pleno o Junta de Gobierno) y presentación de los proyectos. Este requisito obligará a gestionar todos los planes por la vía de la urgencia, con el objetivo de garantizar que los primeros efectos de reactivación de la economía y el empleo empiecen a ser visibles ya el próximo semestre, tal y como explicó ayer la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en la presentación del Real Decreto Ley de este nuevo fondo. "Llegará a todos los ayuntamientos sin excepción para desarrollar obras en 2009, ya que previsiblemente ése será el año de mayores dificultades para la economía y el empleo».

Los proyectos que podrán acogerse a esta línea de financiación extraordinaria deberán ser de carácter nítidamente urbano, como la mejora de espacios públicos, la construcción o arreglo de equipamientos o infraestructuras de servicios o la supresión de barreras arquitectónicas, pero también otras actuaciones de índole más general como la prevención de incendios, la protección del medio ambiente o, incluso, la promoción del turismo. El ámbito es, como se ve, muy abierto, pero no tanto el tipo y las condiciones que deben reunir las obras: deberán ser inversiones nuevas (no incluidas en los Presupuestos Locales de 2009), de ejecución inminente y que impliquen la contratación de desempleados, especialmente aquellos procedentes del sector de la construcción. Según la ministra, éste es el fin último de la iniciativa, con la que el Gobierno estima que podrían crearse "entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo" en todo el país.

Otro aspecto importante del proceso es que todas las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través de la web del Ministerio y será la Subdelegación del Gobierno la que, en un plazo de solamente diez días, verificará que éstas cumplen las condiciones y las trasladará a Administraciones Públicas, que en otros diez días resolverá la asignación del dinero. La dotación económica llegará en dos remesas: la primera, del 70% del valor total (incluidos los impuestos), tras la adjudicación de las obras, y la segunda, del 30% restante, a la finalización de las mismas y, siempre, tras la justificación y comprobación de que el dinero se destinó a los fines estipulados.

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