Tras el eufemismo de la parcelita en el campo ha aflorado un complejo entramado de especulación en el que durante años han tomado parte promotores, constructores, arquitectos, directivos de bancos, notarios, registradores y hasta responsables políticos y técnicos municipales, configurando un círculo vicioso que está condicionando los planeamientos de no pocas localidades 'obligadas' a hacer legal lo ilegal. A regularizar diseminados enteros para no perder el sillón de la Alcaldía, claudicando ante los 'lobbies', los grupos de presión de los compradores del ladrillo ilegal.

A la vista de todos, con luz y taquígrafos, se ha asentado una actividad al margen de la Ley a la que en los últimos tiempos se le está intentando poner cerco. Las últimas operaciones de las Fuerzas de Seguridad así lo confirman. Es buen momento para hacer un balance.

No están todos los que son, pero al menos ya son muchos. La provincia parece haberse tomado en serio la lucha contra el urbanismo ilegal, tratando de poner coto a la impunidad denunciada desde la Fiscalía de Cádiz. Sólo en los últimos cinco años 638 personas han sido imputadas por delitos contra la ordenación del territorio. No descubrimos aquí la pólvora si hacemos constar que Chiclana y El Puerto han sido las mecas del urbanismo ilegal, acaparando la mayor parte de las operaciones .

Un recuento realizado por este diario de la labor de la Policía Autonómica y de la Guardia Civil, que trabajan codo con codo con Juzgados y Fiscalía de Medio Ambiente, suma cifras abrumadoras .

Fue la Policía Autonómica la que, en 2004, detectó el primer caso de obra nueva, una promoción de chalés sobre una edificación fantasma gracias al certificado falso de un profesional que atestiguaba la existencia de una casa con una antigüedad superior a los cinco años. Para burlas los filtros legales. Para que ya hubiera prescrito tanto la infracción penal como la administrativa. Y fue en el Marquesado, en Chiclana.

Desde ese primer caso, en 2004, la Policía Autonómica ha realizado 256 atestados que han desembocado en 372 personas detenidas y 81 imputadas, 453 implicados en total. Chiclana, con 118 atestados, encabeza el ranking, seguida por El Puerto, con 68. Los 70 restantes se distribuyen por toda la geografía gaditana, con incidencia no sólo en las zonas de costa sino también en el interior, con afecciones a la servidumbre marítimo terrestre, a los parques naturales o construcciones en suelo rústico.

Sería imposible enumerar todas las operaciones de la Policía Autonómica. De ahí que nos centremos en las más destacadas. Como los 17 detenidos en 2007 en El Puerto, por construir en cañadas. O las tres últimas desplegadas en noviembre y diciembre de 2009, en pagos de Chiclana (del Humo, Carrascal y Caulina). Y, como ya ocurre desde hace años, con la supuesta implicación casi siempre de los mismos, el ya célebre arquitecto Joaquín Pallí Selga (13 veces imputado por este Cuerpo por casos de obra nueva falsos) y el constructor M.R.B. (4).

Y por último, en esta semana pasada, la Operación Juncal, en El Puerto, con 28 implicados, entre ellos, de nuevo Pallí y el promotor chiclanero Francisco Doña Marín, muy conocido en el mundillo del ladrillo ilegal. En este caso, ya el juez al cargo de la investigación vislumbra una trama a la que se acusa de numerosos delitos, y que ha salpicado hasta al entonces director de una sucursal bancaria, la del Sabadell Atlántico en El Puerto.

La causa sigue abierta para determinar posibles responsabilidades de los que debían haber evitado que terminara de construirse y hasta habitarse en algunos casos una promoción de chalés en la zona norte, en Los Desmontados, sobre un suelo destinado a equipamientos deportivos. Entonces gobernaban los Independientes Portuenses de Hernán Díaz, que cumple7 años de inhabilitación por prevaricación. Díaz, el político de Cádiz con más causas abiertas en los Juzgados, más de 20, está a punto de sentarse en el banquillo por el caso de Pinar de Coig, chalés erigidos en suelo protegido. El fiscal le pide dos años de prisión. Así que todo apunta a que la cifra de implicados subirá.

Tres cuartos de lo mismo terminará ocurriendo con las tres operaciones que aún tiene abiertas el Equipo contra la Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que en los menos de tres años que hace que se constituyó, lleva 66 detenidos y 119 imputados, 185 implicados en total. Se estrenaron con la Operación Obra Nueva en Chiclana, en el verano de 2007, desarticulando una heterogénea trama en la que las investigaciones situaban a un abogado, José Ignacio Rosano, y al arquitecto Pallí entre los cabecillas, con directores y personal de banco implicados y que tuvo un desgraciado efecto colateral, la muerte del director de un banco de Cádiz, que se habría quitado la vida al comprobar el engaño del que había sido objeto su entidad. En sucesivas fases han ido imputando a más hasta sobrepasar en la actualidad los 50 implicados.

Por esa cifra, va también la operación Obra Nueva Puerto de este mismo Cuerpo, el nombre que le han dado a los casos sueltos que el nuevo gobierno del Partido Popular de El Puerto denunció en 2007 a la Fiscalía. Al contrario de lo que ha ocurrido en Chiclana, en El Puerto las implicaciones han alcanzado a responsables políticos y técnicos municipales, toda vez que tanto el ex concejal de Urbanismo de IP de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, como el entonces Jefe de Disciplina Urbanística y jefe de Licencias de Urbanismo (que hoy sigue ostentando la segunda Jefatura citada), Fernando Jiménez Fornell, han sido imputados en esos casos por firmar el primero decretos de legalización de viviendas construidas vulnerando el PGOU con informes a favor del segundo.

Y seguimos con los mismos. Porque estos dos, junto al ex alcalde Díaz, han sido imputados por su supuesta participación en una trama que regularizaba chalés ilegales entre 2004 y 2007, que hace dos semanas la Guardia Civil, de la mano de la Operación Tequila, ha sacado a la luz. Junto a estos tres, hay ocho personas más imputadas, 7 hombres y una mujer, Milagros Trigo, delineante del área de Urbanismo, novia del jefe de Licencias y cabeza visible del estudio de arquitectura Tec, que se configura como pieza clave de esta trama. En todos los casos investigados por la Guardia Civil, el ex alcalde y el ex edil habrían firmado decretos legalizando construcciones ilegales (entre ellas, un club de alterne) cuyos proyectos han sido firmados por la arquitecta de Tec Isabel Ruiz Vázquez, no imputada .

En el resto de la provincia, destacan, también por haber salpicado a los políticos, otras dos actuaciones. Así, en Chipiona ha sido condenada a seis meses de prisión y 7 años de inhabilitación la ex alcaldesa Dolores Reyes, por dar una licencia para una nave ilegal. Y en Grazalema, tras la Operación Pinsapar, están imputados el ex alcalde Antonio Mateos (por supuesta prevaricación), constructores, contratistas y el ex arquitecto municipal, Juan Prieto, acusado del supuesto cobro de comisiones, en un caso que destapó Ecologistas al denunciar las obras emprendidas sin licencia en la plaza de la Asamblea sobre el originario cauce del río Guadalete, que fue hormigonado y desviado. Dentro de dos semanas ha sido citada a declarar en calidad de imputada la alcaldesa, María José Lara, quien denunció a la Fiscalía las acusaciones contra Prieto de supuesto cobro de comisiones.

Muy fuerte están dando entre todos al ladrillo legal. Pero los plazos corren porque por ejemplo el delito de falsedad documental prescribe a los tres años, al no lograr la Fiscalía que la Audiencia impusiera el criterio de que los profesionales fueran considerados funcionarios.

Sólo resta que no quede todo en papel mojado, que las actuaciones desemboquen en sentencias de derribo. Si no, la impunidad seguirá campando a sus anchas en Cádiz.