El Consistorio cederá a Tussa la estación en un estado "precario"

El Ayuntamiento está ultimando la cesión provisional del uso y explotación de la estación de autobuses de la ciudad a la empresa Transportes Urbanos de Sanlúcar (Tussa), según informó ayer el Gobierno municipal. Se trata de una gestión "en precario", es decir, "mientras se culmina el expediente de adjudicación definitivo".

La coalición PSOE-CIS comunicó que el apeadero "se entregó al Ayuntamiento de Sanlúcar en octubre de 2002 y desde entonces se encuentra en precarias condiciones de mantenimiento porque el Gobierno local de entonces, del PP, no instruyó el correspondiente expediente administrativo que regulase las condiciones de mantenimiento y explotación de este servicio", de tal manera que desde hace casi doce años "se encuentra en una especie de limbo administrativo que no permite el correcto acondicionamiento de las instalaciones y su explotación".

De acuerdo con su versión, "a la vista de esta situación y teniendo en cuenta que son unas instalaciones públicas utilizadas por numerosos ciudadanos, el Gobierno local inició conversaciones con Tussa, que gestiona los servicios públicos de transporte del municipio, para que se hiciese cargo de la explotación de dichas dependencias, para lo cual el año pasado inició los trámites administrativos correspondientes".

Así las cosas, "mientras se termina dicho expediente, el Ayuntamiento, a través de la Delegación Municipal de Economía, ha llegado a un acuerdo con Tussa para cederle en precario el uso del apeadero durante un año". En palabras del Gobierno municipal, "esto va a suponer que después de diez años de retraso a causa de lo mal que se gestionó la recepción del inmueble en su momento, la terminal de autobuses de Sanlúcar va a contar por fin con un servicio acorde a la demanda de los ciudadanos".

El Gobierno local difundió este comunicado horas después de una convocatoria del PP a los medios de comunicación en la propia estación. La visita de la candidata popular a la Alcaldía, Ana Mestre, venía motivada para denunciar públicamente in situ el estado de "abandono" de las instalaciones, un problema que no es la primera vez que suscita quejas en el ámbito político municipal.