Hace 14 años que Juan Jesús Ramírez emprendió la construcción de su vivienda en un paraje rústico cercano a la entrada al núcleo urbano de Conil, en la zona conocida como Pocito Blanco.

Tras batallar durante muchos años contra la orden de derribo que pesa sobre su casa, ahora, con 36 años, se ve obligado a entrar en prisión por no acometer la destrucción de todo lo construido en su momento, y que es el hogar de sus dos hijos  de tres años y once meses, junto a su pareja.

En el año 2019 pudo paralizar su ingreso en prisión, dado que se habían iniciado unos trámites por parte del Ayuntamiento para poder regularizar la zona en la que se encuentra su vivienda. Unos trabajos que recientemente se han iniciado tras sacarlos a licitación y haber sido adjudicados, para comenzar la redacción de un proyecto que necesita de mucho más tiempo.

 Un periodo del que Juan Jesús Ramírez no dispone, al haber recibido una carta del Juzgado que le da cinco días de plazo para acreditar que el proceso de regularización va avanzando o de lo contrario debe ingresar en un centro penitenciario. 

Su primer lugar donde acudir ha sido el Ayuntamiento de Conil, donde, asegura, no ha recibido la respuesta que esperaba, ya que le han dicho que “va todo muy lento y que en sus manos ahora mismo no está, y que lo único que puede presentar es un informe por parte de la empresa de los trabajos que están haciendo”, por lo que no sabe si ese escrito podrá paralizar o darle más tiempo para el derribo y el ingreso en prisión”.

Juan Jesús Ramírez, que asegura que tiene los “ánimos por los suelos” y “pensando en la familia”. En este sentido ha expuesto que “sabíamos que sí el Ayuntamiento no trabajaba en este tema, tarde o temprano iba a llegar. El juez nos dio dos años  y es que han pasado tres”.

Asegura que se siente engañado por el Ayuntamiento, ya que hasta ahora no han comenzado con un proceso que debió iniciarse hace dos años y no ahora. “No sé porque circunstancia, si es porque no le conviene, o no se atreven, pero los trabajos no han comenzado hasta hace poco”.

Este vecino de Conil, recuerda que en el término municipal hay 7.000 viviendas ilegales, y después de la suya se han construido unas 2.500, y de éstas, ninguna de ellas tiene denuncia en Fiscalía. Lamenta que en el Ayuntamiento crean que con esta exposición pública de su situación se entienda que “se quiere hacer daño político”, cuando, asegura, “aquí se está haciendo especulación con esto”, siendo el Consistorio el que decide quién va y quien no va a Fiscalía. En este sentido, matiza que “hay concejales que se están aprovechando de esto, que tienen complejos turísticos”.

Este vecino de Conil lamenta la situación que se vive en el municipio, culpando de ello al gobierno municipal, ya que “llevan 30 años haciendo y deshaciendo. Han cogido 10 cabezas de turco que tenemos la casa nuestra casa como primera residencia y ellos siguen con sus casas”.

Juan Jesús Ramírez, recuerda que se ha gastado más de 50.000 euros para regularizar la situación de su casa. Pagó una multa por construir sin licencia, y según expone, tiene las escrituras de su casa, el enganche de la luz, el agua, paga la el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), paga la basura, y aún “la consideran ilegal”, mientras que en las parcelas contigua se sigue construyendo y “nadie aparece por allí”. Asegura, que “me van a destrozar mi vida”.