La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a dos guardias civiles (a 4 años y 7 meses de prisión a uno y a 3 años al otro) porque considera probado que le pusieron multas falsas de tráfico a un vecino de uno de los agentes con el que éste tenía problemas. El motivo era "señalarle" al sancionado "lo que le podía ocurrir", explica la sentencia, lo que cabe interpretar como que el guardia pretendía castigar a su vecino o vengarse de él tras un juicio de faltas por intento de agresión y amenazas en el que habían comparecido ambos anteriormente.

La sentencia, de la Sección Primera, afirma que el guardia civil M. "decidió usar las posibilidades de su cargo" cuando multó a su vecino por infracciones ficticias. El tribunal estima que cometió un delito continuado de falsedad en documento oficial y le impone el mínimo señalado legalmente: cuatro años y siete mes de cárcel, 16 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y un mes de inhabilitación especial para el ejercicio profesional.

El otro guardia procesado, J., ayudó a su compañero al extender una de las denuncias falsas, considera probado la sentencia. El tribunal lo condena por un delito de falsedad en documento oficial a tres años de prisión, seis meses de multa con cuota diaria de 10 euros y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio profesional.

La acusación particular, ejercida por el vecino del guardia civil, solicitó en el juicio 12.000 euros de indemnización por daños morales. El tribunal ha rechazado esa pretensión.

La sentencia argumenta, al explicar que no concede cantidad alguna por daño moral a la víctima, que "nada ha quedado acreditado". La falta "absoluta" de acreditación, agrega, no se salva por el mero hecho de decir que la familia tuvo que mudarse de domicilio. "Es más", afirma el tribunal, "ninguna prueba se ha realizado sobre ello. Ninguno de los allegados del señor A. describió con angustia su situación, ni siquiera aludieron a cómo les había comentado la situación de ansiedad que estaba viviendo por lo ocurrido".

"Es más", anota la sentencia, "pocas veces alguien ve acogida su pretensión desde tan pronto: a la primera denuncia, tuvo toda la receptividad por los superiores de la Comandancia de la Guardia Civil, que vieron, insistimos, con la primera denuncia puesta y en curso la segunda, los visos de verosimilitud que presentaba la queja del denunciante, y lo tranquilizaron, le expresaron que actuarían y, tras las primeras indagaciones, concluyeron con que la razón asistía al denunciante".

La resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, relata en su apartado de hechos probados que A. vivía junto con su familia en una urbanización de Jerez y que era vecino suyo el guardia civil M., destinado en Alcalá de los Gazules. Agrega que la relación ente ambos no era buena, que eran frecuentes los problemas, generalmente causados porque uno de ellos (la sentencia no precisa quién) paseaba por la zona a un perro de gran tamaño y no aceptaba de buen grado que le pidieran que le colocase al animal el pertinente bozal. También había conflictos por causa de "los jardines y las aguas".

Los problemas se agudizaron cuando en octubre de 2007 A. y M. tuvieron que comparecer en un juicio de faltas por intento de agresión y amenazas.

Tras el juicio, relata la sentencia, el guardia civil impuso cuatro multas a A. por infracciones de tráfico con dos vehículos que eran falsas: ni A. ni sus vehículos estaban donde indicaban los boletines de las denuncias que se encontraban.