El delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, ha hecho un «llamamiento a la responsabilidad» a las partes implicadas en el conflicto abierto en Transportes Generales Comes para que «retomen el diálogo cuanto antes», después de darse por «rotas» las negociaciones el pasado martes tras una reunión en la que el propio Bouza ejerció de mediador.

Fuentes de la Delegación Provincial de Empleo han explicado a Europa Press que Bouza ha señalado que en la reunión del pasado martes se presentaron propuestas «interesantes», aunque empresa y representantes de los trabajadores no llegaron a «un mínimo acuerdo» para que las negociaciones pudieran continuar.

El delegado ha querido «agradecer» a los trabajadores su «esfuerzo», al poner sobre la mesa propuestas «realistas y de reducción de costes» que, en su opinión, suponían una ventaja para todas las partes, aunque la empresa no las ha considerado suficientes.

Así las cosas, ha deseado que las negociaciones «se retomen cuanto antes», pues desde Empleo se consideran «necesarias», siendo conscientes de que conforme pase el tiempo tendrán lugar circunstancias «no deseables» como los despidos que se han producido y que, al parecer, se pueden producir en marzo. Según las mismas fuentes, Bouza considera que estas circunstancias de despido «no facilitan el retorno a las negociaciones».

Finalmente, también ha reconocido el «talante negociador» que ha venido demostrando la dirección de la empresa a lo largo de su trayectoria, por lo que ha confiado en que los próximos días pueda llegarse a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

PROPUESTAS Y DESPIDOS

Según han explicado a Europa Press desde el comité de empresa, los trabajadores han propuesto a la compañía una serie de alternativas, entre las que ha citado que no se les entregue uniforme este año, lo que permitiría ahorrar del orden de 36.000 euros. Del mismo modo, están conformes con una congelación del aumento previsto en 2011 en lo que afecta al concepto del salario base, lo que supondría 47 euros de cada trabajador, es decir, unos 165.000 euros.

El plan alternativo también contempla un aumento de la jornada laboral, que actualmente está en 38 horas y 30 minutos y pasaría a 40 horas semanales. Esto supondría unas 17.000 horas y, traducido a términos económicos, unos 240.000 euros.

A esto se añade lo que podría llegar a ser un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a 30 trabajadores y que pasaría por una organización de trabajo en la cual no hubiese jornadas extraordinarias ni horas extra, sino que se ajustasen todos los turnos a las 40 horas semanales. Esta medida supondría aproximadamente 1,1 millones de euros.

Sin embargo, la empresa considera «insuficiente» las medidas y han criticado el despido de tres trabajadores indefinidos, la no renovación de otros dos y el preaviso de despido a cinco trabajadores más este mismo miércoles. Asimismo, apuntan que el próximo 2 de marzo la empresa tiene previsto realizar otra reducción que afectará a otros 20 trabajadores.