Arranca el juicio de la mayor estafa cometida en Jerez con 30 abogados

Domingo Gallegos pasó ayer por la sección octava de la Audiencia Provincial de Jerez respondiendo en infinidad de ocasiones "no me acuerdo" al maremágnum de preguntas que le llegaban tanto desde los asientos de la acusación particular como desde los de las defensas. En total, una treintena de abogados con el claro objetivo de averiguar, de un lado, el grado de implicación del encausado en la que es la mayor estafa jamás perpetrada en Jerez y, de otro, averiguar el paradero de esos ocho millones de euros (casi 1.500 millones de las antiguas pesetas) en que el Ministerio Fiscal ha cifrado el presunto delito de estafa y organización ilícita basado en la venta de coches de lujo, pisos y fincas que casi nunca se entregaban.

Llamó la atención que el principal acusado dijera sin sonrojo que no recordaba haber recibido en efectivo una cantidad de 330.000 euros, dineral que, a buen seguro, cualquier persona jamás olvidaría. Los recibos fueron mostrados en la sala.

Quien más se empeñó en saber dónde está el dinero que presuntamente desvió de los canales legales Domingo Gallegos fue el abogado José Luis Cueto (abogado del hermano de uno de los acusados que resultó finalmente también estafado junto a su esposa). Se trata de un letrado madrileño habitual de la Audiencia Nacional que logró que el tribunal se retirara durante diez minutos para decidir si era necesario suspender la vista para que las fuerzas del orden investigaran el paradero del dinero "ya que, como convendrán conmigo los compañeros de la acusación particular, la restitución del patrimonio perdido es incluso más importante que las penas que se puedan imponer". Pasaron diez minutos y la magistrada Lourdes Marín informó que el juicio debía seguir adelante. Se trataba de una gestión importante "pero no afecta al tipo delictivo".

Una de las principales características del proceso iniciado ayer radica en el, por ahora, escaso nivel de implicación que se les presupone a los cuatro empleados de la compañía, comerciales y administrativos, que se ven en uno de los peores trances de sus vidas. No en vano, ayer incluso se levantaron dos acusaciones particulares contra uno de ellos, Antonio Blázquez, que según los acusados contra los que se pide mayor pena -Gallegos y Bohórquez- "era un administrativo especializado en hipotecas que sólo cobraba su nómina".

De otro lado, cabe destacar que Gallegos repitió hasta la saciedad que él tan sólo era un apoderado de la empresa mientras que su socio, Miguel Bohórquez, le calificó de administrador único.

Éste, mucho más concreto y diligente en sus respuestas que Gallegos, , aseguró que tras cada dilación en el proceso de entrega de coches y fincas estaba su socio, algo que le llevó a pagar con capital propio las deudas a la espera de que el inversor se hiciera cargo de los pagos: algo que nunca llegó a suceder.