Antonio Prats dejó ayer de ser concejal del PA del Ayuntamiento de Sanlúcar para cumplir la condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación por un delito de atentado contra agentes de la autoridad cometido en marzo de 2001 durante una protesta laboral en el Palacio Municipal.

Tal y como estaba previsto, el Pleno abordó en el primer punto del orden del día el cese del político andalucista, quien no pudo intervenir dada su inhabilitación. En nombre del PA habló el nuevo portavoz de este grupo en el Consistorio, Raúl Caña. Reiterando el respaldo ya difundido por este partido a Prats, el edil andalucista recordó el "amplísimo apoyo ciudadano" a la solicitud del indulto y destacó que su continuidad en la vida política "dependerá exclusivamente de él", pues seguirá ocupando cargos de responsabilidad en las distintas instancias del PA, incluidos los de secretario local y vicesecretario provincial.

Del resto de los grupos intervinieron el PP e IU, que se ensarzaron en una discusión sobre lo sucedido en la polémica madrugada de marzo de 2001 que dio lugar al proceso judicial. Y es que la concejala popular Laura Seco, entonces en el Gobierno local, figuraba entre los políticos que denunciaron a varios ediles de la oposición, entre ellos la portavoz izquierdista por aquellas fechas, Julia Hidalgo, absuelta en su día.

La alcaldesa, Irene García (PSOE), zanjó el enfrentamiento para, finalmente, negar que el rechazo del Consejo de Ministros al indulto de Prats se debiera a "intereses políticos". "No es un día feliz, sino triste. No tengo nada personal contra Antonio Prats y le deseo los mejores éxitos personales, que serán también los de todos", dijo. Un fuerte aplauso del público despidió a Prats mientras dejaba su asiento de concejal.

Al cierre de esta edición, el andalucista tenía previsto intervenir sobre este asunto ante la Corporación después de la sesión plenaria, algo que solicitó días atrás haciendo uso del reglamento local de participación ciudadana.