Las Aletas de nunca acabar

La última noticia que aparece en la web del Consorcio Aletas data del 8 de julio del año pasado. Ese día se reunía el consejo rector (con la antigua presidenta a la cabeza, Pilar Platero, hoy presidenta de la SEPI). En esa reunión se daba cuenta a sus miembros de la formalización de una encomienda de gestión por parte del Consorcio a la sociedad mercantil estatal Tragsatec. El objetivo era apoyar a la Junta "en los trabajos técnicos relacionados con el nuevo planteamiento urbanístico de la zona que actualmente esté llevando a cabo", y además se insistía en que esa encomienda de gestión era "un ejemplo más de la colaboración entre las administraciones públicas" representadas en el Consorcio que, aún, veía futuro en este proyecto.

Pues esa encomienda de gestión es ahora fruto de un nuevo nubarrón al que tendrá que enfrentarse el Consorcio y las administraciones que lo sustentan, especialmente la estatal. Lo es después de que la Asociación empresarial de ingenieros consultores de Andalucía, la patronal ASICA, haya denunciado ante este periódico lo que consideran como una posible competencia desleal de la Administración frente a la iniciativa privada y, además, sospechan de un posible "enriquecimiento ilícito". Hay que ir por partes.

Según el presidente de ASICA, Ignacio Sánchez de Mora, se hizo una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec, primera filial de Tragsa, "que para nada es experta en materia de usos de suelo o plataformas logísticas como es el caso de la encomienda completa. Sí es conocedora de temas ambientales que es lo que inicialmente se le iba a encargar. Pues se le hace una encomienda de gestión por 496.000 euros, casi medio millón. Sale a licitación el 50% (245.000 euros), se fragmenta, y se adjudica por subasta y sin grandes requisitos de solvencia técnica de las empresas que concurrían en ese diseño de la plataforma, por 89.500 euros".

Según la documentación aportada por ASICA, cuando se saca a licitación la encomienda de gestión, se divide en varios apartados con un presupuesto de partida que, finalmente, es adjudicado por un importe considerablemente inferior (ver tabla adjunta). De esta manera, añadió el presidente de la patronal de los ingenieros, "creemos que ese trabajo se tenía que haber encargado íntegramente a empresas especializadas en el sector logístico y la ingeniería, que las había y presentaron ofertas, que en ningún caso se debería hacer mediante encomienda de gestión y nos preguntamos en qué estado se encuentra esa encomienda, cuánto se ha ejecutado y cuál va a ser el gasto final". El presidente de ASICA detalló que la patronal está intentando conocer, "porque realmente no hemos conseguido que nadie nos lo diga en un escrito oficial", qué ocurre con esos saldos de diferencia. Y en su opinión aquí está la clave: "En caso contrario, ahí habría enriquecimiento ilícito de los medios propios de la Administración".

Por tanto, Ignacio Sánchez de Mora anunció en sus declaraciones a este periódico que la patronal que preside va a comenzar el estudio de acciones jurídicas contra las empresas públicas citadas "a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque no estamos dispuestos a que la poca capacidad que hay en el mercado interno la Administración la invierta en sus propias empresas públicas; todo el tejido empresarial es el que permite que haya administración porque vive de los impuestos de las empresas y los ciudadanos". Así, desveló que ya están en conversaciones con despachos de abogados especialistas en competencia "para ver cómo se puede frenar este abuso de la encomienda de gestión". Y reiteró que lo hacen porque "el método de contratación sólo basado en el precio, la subasta, en unas condiciones de ausencia de mercado absoluta, hace que las empresas oferten por debajo de costes". De hecho, Sánchez de Mora explicó que ya han iniciado este camino con otro caso en Granada, "con otra encomienda a Tragsatec, para saber si se paga la totalidad de lo encomendado o se paga por la parte que finalmente se ha adjudicado en el mercado privado".

A partir de esta denuncia, de momento pública, hay que aclarar varios conceptos. En primer lugar que, efectivamente, la figura de encomienda de gestión está perfectamente definida: es una manifestación de la potestad organizatoria de la Administración "que debe ejercerse siempre con respeto a los principios y aspectos de la organización administrativa que quedan regulados en la Constitución y en la ley. Dentro de la potestad organizatoria, la encomienda se inscribe entre las técnicas de alteración del ejercicio de las competencias por los órganos administrativos, es decir, de las funciones que le son atribuidas a cada órgano por el ordenamiento (definición recogida por guiasjuridicas.es)".

Sin embargo, la sospecha transmitida por Asica se basa en dos aspectos: el primero, que la adjudicación de los trabajos debía haberse realizado de forma abierta, sin utilizar la encomienda de gestión; y, el segundo, que no ven clara la excesiva rebaja del presupuesto teniendo en cuenta que del total de la encomienda, por casi medio millón de euros, se saca a licitación por 245.000 (la Ley habla de un máximo del 50%), pero se adjudica a una filial pública de Tragsa por casi 90.000 euros. Además, señalan que hubo una decena de firmas del sector privado con reconocida experiencia en asuntos como el de Las Aletas y no se tuvo en cuenta. Sólo se tuvo en consideración, según ASICA, la oferta económica.

Por su parte, según explicaron ayer a este periódico fuentes de la empresa pública Tragsa, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la encomienda de gestión es una figura legal que se rige por la normativa no sólo española, sino de la Unión Europea. Además, tal y como se recoge en el documento elaborado por el Consorcio Aletas del año 2015, se plasma la necesidad de contratar estos servicios de esta manera "dado que el Consorcio Aletas carece, en este momento, de recursos humanos con la capacitación técnica requerida para poder realizar los trabajos objeto de la presente propuestas, por lo que se plantea la conveniencia de utilizar los recursos de una entidad adscrita a alguna de las administraciones consorciadas, que sea idónea para estas funciones".

En segundo lugar, ese documento añade que Tragsatec "es una empresa pública con experiencia en el desarrollo de actuaciones de planificación y ordenación del territorio, que cuenta con los medios materiales y humanos adecuados. Ello unido al amplio conocimiento que posee del proyecto Aletas, derivado de los trabajos previamente desarrollados, hacen de Tragsatec el instrumento idóneo para la ejecución de la presente encomienda de gestión". Por último, el Consorcio explicó entonces que Tragsatec se encargaría de realizar los trabajos de redacción de los instrumentos de planificación del proyecto de actuación, plan funcional y planeamiento urbanístico.

Las fuentes consultadas, no obstante, no entraron a valorar la denuncia de ASICA acerca de la rebaja económica en la adjudicación.