Casi el 58 por ciento de los agricultores gaditanos tienen entre 46 y 60 años

Un estudio realizado por la Diputación de Cádiz sobre la situación actual de las entidades de economía social del sector agroalimentario de la provincia revela un sector consolidado, con fuerte arraigo territorial y grandes retos de futuro, como el relevo generacional y la digitalización.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el informe, para cuya elaboración se ha contado con las aportaciones de medio centenar de estas entidades, servirá de base para el futuro Plan Integral de Impulso, Fortalecimiento y Consolidación de las Empresas de Economía Social del Sector Agroalimentario, en el que participará la provincia de Cádiz junto al resto de territorios de España y Portugal destinatarios del proyecto de cooperación europeo 'Agrosocial'.

Asimismo, ha señalado que el estudio refleja un tejido histórico y consolidado, ya que casi la mitad de las entidades analizadas se fundaron antes de 1999. Del resto, la mayoría surgieron en dos momentos concretos como son a partir de los 2000, vinculado a la expansión agroalimentaria, y tras 2015, impulsado por la economía social.

Por su parte, el periodo más reciente (2020-2025) muestra menos creación, coherente con un contexto marcado por incertidumbres y crisis sucesivas, recoge el estudio.

Además, ha reflejado que la mayoría de estas cooperativas agroalimentarias tienen una base social "muy reducida", ya que más del 37% son microentidades (1-10 personas) y un 25% son pequeñas (de 11 a 50 personas). De tamaño mediano (de entre 51-250 personas) es el 20% de las entidades consultadas y el 17,5% supera las 250 personas. La consecuencia es un tejido empresarial "fuertemente atomizado", donde predominan las organizaciones de escala limitada, con estructuras internas ajustadas y alta dependencia de pocos socios.

LA AGRICULTURA COPA EL 40% DEL SECTOR EN CÁDIZ

En cuanto a la actividad principal, el tejido de economía social agroalimentaria en la provincia está claramente dominado por la agricultura (cultivos extensivos, hortícolas, viñedos, olivares, frutales), en el que operan cerca del 40% de las entidades estudiadas. Le siguen la pesca con un 24% y la ganadería, que aporta otro 15%. Otras actividades, como servicios (casi 11%), transformación (8,7%) y distribución (2,2%) también tienen presencia pero de forma más reducida.

El informe refleja que los datos sobre la franja de edad predominante revelan que en casi el 58% predominan personas de 46 y 60 años, en un 28,9% tienen entre 30 y 45 años y un 13,3% se sitúa por encima de los 60 años. El hecho de que prácticamente no aparezcan personas con menos de 30 años como grupo dominante indica un reto de relevo generacional.

Según Diputación, este del relevo generacional es, precisamente, el principal problema identificado por estas empresas (33,3%), seguido de un "insuficiente" apoyo institucional (20,5%) y problemas de comercialización (17,9%), que reflejan tanto la dificultad para acceder al mercado como la necesidad de un acompañamiento público más estable. También aparecen, con pesos relevantes, la inversión en infraestructuras y la visibilidad (12,8%), así como retos vinculados a la competencia, el cambio climático y la rentabilidad económica (10,3%) entre otras necesidades estratégicas.

Diputación ha señalado que también es interesante la visión de futuro que tienen de sí mismas. Así, cuando se proyectan a diez años vista, imaginan un futuro más tecnológico (57%), más digitalizado y sostenible (41%) y con mayor presencia de mujeres participando en ellas (27,3%). Un 18,2% expresa una visión pesimista ("sin futuro"). Esto indica que, en conjunto, predomina una expectativa de modernización y adaptación, aunque con una minoría que anticipa dificultades serias.

Para alcanzar esa visión, estas entidades coinciden en considerar necesaria la inversión en infraestructuras (32,5%). Le siguen, de nuevo, el relevo generacional (20%) y la modernización tecnológica (17,5%), lo que refleja la preocupación por la continuidad del sector y su actualización productiva, según el estudio.

En un segundo bloque, con un peso muy similar (15% de las encuestadas), aparecen la mejora de procesos, la capacitación, la promoción y el marketing y el apoyo institucional, lo que indica que las entidades ven imprescindible reforzar tanto su organización interna como su posicionamiento en el mercado y el acompañamiento público. Otros aspectos, como el fomento de la economía social, la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental, aparecen presentes aunque con menor intensidad, tal y como aparece indicado en el informe.

UN 60%, SIN CANALES DE VENTA VIRTUALES

El estudio también evidencia un nivel de digitalización moderado-bajo, con solo un 9% de entidades completamente digitalizadas y un 60% sin canales de venta virtuales. No obstante, muestran interés en formarse en nuevas tecnologías (65,9%), además de en comercialización y acceso a mercados, seguridad alimentaria, gestión, producción sostenible e igualdad de género.

En materia de igualdad de género, los datos, según Diputación, revelan una brecha significativa entre la percepción y la realidad. Así, aunque más del 90% de las entidades encuestadas considera que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades dentro de la empresa, la presencia real de mujeres en los consejos rectores es muy reducida, sin que haya ninguna en la mitad de ellas.

Finalmente, entre otros muchos datos, el estudio revela qué tipo de innovaciones consideran más necesarias para la empresa, señalando en primer lugar la necesidad de maquinaria y equipamiento modernos (61,9%), seguida de las tecnologías de gestión y digitalización (57,1%) y de técnicas de producción y manejo avanzadas (52,4%). También destacan los nuevos productos y formulaciones (50%) y, en menor medida, las energías renovables y la eficiencia energética (35,7%). En conjunto, se dibuja un sector que demanda sobre todo modernización de procesos y tecnología aplicada al día a día.

Diputación ha recordado que Agrosocial es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que participa la Diputación de Cádiz, a través del IEDT. El objetivo es dinamizar e impulsar la economía social como pilar clave de la recuperación económica y social de España y Portugal.

Este proyecto está cofinanciado al 75 por ciento por la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Interreg España-Portugal. El presupuesto total es de cerca de dos millones de euros, de los que en torno a 236.000 euros están destinados a las acciones que se llevan a cabo en la provincia de Cádiz.