El uso de las tarjetas públicas en burdeles

El ex director de la Faffe reconoce los pagos en los prostíbulos pero asegura a la juez que devolvió el dinero de su bolsillo

  • Defiende que los cargos con la tarjeta oficial se realizaron por una "confusión" a la hora de utilizar la tarjeta, que confundió con la suya personal, y se muestra "muy arrepentido"

  • El ex director se niega a facilitar los nombres de las personas que le acompañaron a los locales de alterne, limitándose a decir que eran "amigos y conocidos"

Fernando Villén (a la izquierda) en una comparecencia en el Parlamento. Fernando Villén (a la izquierda) en una comparecencia en el Parlamento.

Fernando Villén (a la izquierda) en una comparecencia en el Parlamento. / EFE

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El ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén ha reconocido este jueves ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga los pagos realizados con tarjetas de este organismo en varios prostíbulos, la realización de esos cargos por importe de 31.969 euros pero ha asegurado a la instructora que se trató de una "confusión" a la hora de usar la tarjeta de representación, en lugar de la suya personal, y ha insistido en que devolvió el dinero de su propio bolsillo.

Fernando Villén, que ha comparecido por espacio de casi una hora ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, se ha negado en su declaración, en la que sólo ha respondido a las preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño y de su abogado defensor, a dar los nombres de las personas que le acompañaron en aquellas visitas a los burdeles, limitándose a decir que son "amigos y conocidos" a pesar de la insistencia del fiscal en preguntar por sus acompañantes, según han informado fuentes del caso.

El ex director de la Faffe ha dicho que está completamente arrepentido por la realización de esos gastos en los clubes de alterne, que según algunos letrados personados ha calificado de "indecorosos" e "impresentables", y ha explicado que desarrollaba una relevante labor comercial para la FAFFE, atribuida por un acuerdo del patronato de la Fundación que le obligaba a captar un porcentaje de ingresos fuera del cauce de los fondos públicos, por lo que tenía que desarrollar una intensa actividad que le hacía pasar mucho tiempo en la calle y dentro de sus funciones utilizaba la "tarjeta de representación" que le había facilitado la Faffe.

Sobre esa actividad comercial, el investigado ha precisado que consistía en que la Faffe “ejecutaba” las actividades de cursos de formación que habían sido concedidas mediante subvenciones a otros beneficiarios –como administraciones y sindicatos–, actividad con la que logró hasta 40 millones para la Fundación. El fiscal le ha preguntado entonces si cada vez que lograban una de esas subcontrataciones se llevaba a “celebrar” a los clubes de alterne a los representantes de esas administraciones o sindicatos, algo que el investigado rechazó rotundamente.

Según ha dicho Villén, los cargos realizados en los clubes de alterne se debieron a una "confusión" a la hora de usar dicha tarjeta, a que se equivocó con la suya personal, y ha insistido en que cuando se dio cuenta del error procedió a la devolución del dinero de sus propias cuantas, dado que en aquel momento tenía una buena posición económica, contaba con ahorros y además tanto él como su mujer tenían trabajo e ingresos.

Esas devoluciones, según el ex alto cargo de la Faffe imputado, se realizaron en efectivo a través de la Caja Central de la Faffe, con la excepción de los 14.737 euros gastados en el pub Don Angelo en la noche del 22 al 23 de marzo de 2010, donde para efectuar dicho reintegro llamó a la entidad bancaria para preguntar cómo se podía anular las operaciones para que no quedara constancia de los cargos y le dijeron que debía acudir directamente al club, realizar el pago y proceder a la anulación de los cargos.

El fiscal le preguntó si no había llamado al banco para pedir que le anularan la tarjeta porque "se la habían robado", algo que ha negado Fernando Villén, quien también ha rechazado cualquier vinculación de esos cargos con la remodelación del Gobierno andaluz que se produjo ese mismo 22 de marzo de 2010 y en la que fueron cesados, entre otros, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

"No es una tarjeta black"

El abogado Pablo Ollero, que representa a Fernando Villén, ha indicado a los periodistas que el ex director de la Faffe ha admitido en su comparecencia ante la juez que su comportamiento no ha sido correcto, pero ha señalado que conforme se iban produciendo esos cargos por la equivocación en el uso de la tarjeta se hacían las devoluciones. El letrado ha insistido en que la tarjeta de la Faffe "no es una tarjeta black" de la que pudiera hacerse uso de forma opaca, sino que su uso era "transparente" y ha agregado que los cargos en los clubes de alterne suponen "diez ocasiones en ocho años, en 2.920 días", ha precisado.

También ha destacado la labor comercial de captación de fondos que hacía para la actividad de la Fundación, que según el abogado ascendió a 40 millones, y ha dicho que para ello contaba con una "tarjeta de representación", dado que las otras cinco que aparecen en el atestado elaborado por la Guardia Civil eran para el pago de gastos de peaje y gasolina que no manejaba Villén. El letrado ha afirmado que el ex director de la Faffe está "profundamente arrepentido".

Gastos por importe de más de 72.000 euros

En el atestado elaborado por la UCO, los investigadores sostienen que Fernando Villén, el ex director general técnico de la Faffe, habría realizado entre 2004 y 2011 con las seis tarjetas de las que dispuso unos gastos por importe total de 72.486,73 euros, de los cuales destacan los 31.969 euros que habrían sido gastado en burdeles y otros locales para adultos, lo que supone más del 44% de los pagos que se han realizado con las seis tarjetas de las que supuestamente disponía Fernando Villén, según los investigadores. Además, otros 21.725,76 euros se corresponden con gastos en restaurantes; 11.262,24 euros en peajes de autopistas y de otros 4.321,38 euros no habría datos.

La Guardia Civil identifica cinco establecimientos “donde se practicaría la prostitución” y en los que se hicieron pagos con tres tarjetas: el pub Don Angelo, Top Show Girls, Sala Delux (antes American Show); y Bahía 2. Los pagos en el Don Angelo con las tarjetas de representación utilizadas supuestamente por Fernando Villén ascienden a 25.277 euros en el periodo analizado. En Top Show Girls el gasto fue de 2.591 euros; en La Casita de 780 euros; 1.390 en la Sala Delux (o American Show); y 1.930 euros en Bahía 2.

Sobre los gastos realizados en hoteles y hoteles-restaurantes –que alcanzan los 2.520,67 euros-, la UCO argumenta que no se trata de una cantidad elevada en comparación con el número de años en que se produce, aunque señala que es cierto que “en más de la mitad de los 15 movimientos detectados los pagos son superiores a 150 euros, llegando incluso a rondar los 550 en alguna ocasión”.

La Guardia Civil también analiza los 21.725,76 euros gastados en restaurantes, entre ellos en establecimientos como El Cairo o Becerrita que superan los 300 euros de manera individual.

Los investigadores examinan igualmente operaciones de “devolución contable” que, según afirman, podrían “desvelar una supuesta dinámica dirigida a camuflar contablemente estos gastos, a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la Fundación u otro cometido vinculado a los fines de la misma, ya que a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se han localizado en los libros diarios de la Faffe diferentes anotaciones en las que constaría una devolución contable de los mismos en la caja de la dirección general de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos ‘Ingreso F. Villén’ y ‘Devolución Visa F. Villén’”.

Estas “supuestas devoluciones”, prosigue el atestado, se contradicen directamente con los testimonios de los trabajadores de la Faffe, que han asegurado que la caja central disponía de fondos por importe aproximado de 1.200 a 1.500 euros y se utilizaban para pagar gastos diarios de pequeño valor, y además la tarjeta de Villén tenía un “límite de 3.000 euros al mes para gastos de representación única y exclusivamente”.

La UCO duda de la veracidad de los asientos contables

Del contenido de estas manifestaciones, los agentes concluyen que se pone “en serias dudas la veracidad de los asientos contables”, y así identifican hasta diez operativas distintas que a los agentes le generan “lógicas dudas” respecto a que los asientos contables realizados bajo el concepto “Devolución Visa F. Villén” haya sido realizado mediante “un ingreso dinerario a favor de la Faffe a través de su Caja central, si tenemos en cuenta, precisamente, que no se ha hallado en las cuentas de la Fundación ningún ingreso que se corresponda con este supuestos abono”, asevera el informe policial.

En el caso de los 14.737 euros gastados en el Don Angelo, se investigan 15 cargos realizados entre las 20:57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02:43 horas del 23 de marzo de 2010, en las que aparecen facturas que oscilan entre los 310 y los 1.570 euros. La fecha de esta juerga coincide con una remodelación del Gobierno andaluz en la que, entre otros cambios, se produjo la salida del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández. Dice la Guardia Civil que dos días más tarde del último cargo, el 25 de marzo, desde las 21:30 hasta las 21:44  se realizan “devoluciones sistemáticas de todos y cada uno de los cargos, devoluciones realizadas con la misma tarjeta en un datafono del mismo comercio”.

Para los agentes, “parece obvio que los servicios prestados se tuvieron que abonar de otra manera, ya que resulta complicada la devolución de los mismos, sin embargo, hasta el momento no se ha podido averiguar la manera en que se efectuó el supuesto pago una vez que los cargos fueron anulados”.

Dicen los investigadores que los ingresos de las tres cuentas bancarias de la Faffe (creada en 2004 y disuelta en 2011, cuando pasó a integrarse en el SAE) que soportan los gastos realizados con las tarjetas bancarias tendrían su origen principalmente en fondos públicos de la administración andaluza, destacando aquellos recibidos de la Tesorería del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

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