Janda

El Defensor del Pueblo se reúne con su comarca

  • Maeztu culmina hoy sus encuentros con representantes institucionales y con colectivos jandeños

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, está muy vinculado a la comarca de La Janda, ya que es natural de Vejer, su esposa es de Vejer y posee una vivienda en Conil, ciudades que ha estado visitando estos tres días en los que se ha desplazado a la zona junto con su equipo de trabajo, que ha estado recibiendo las quejas y demandas de los representantes institucionales, colectivos ciudadanos y vecinales, así como de movimientos sociales y humanitarios.

Tras visitar Conil, el mismo miércoles por la tarde se reunía en el salón de plenos del Ayuntamiento de Medina Sidonia con una representación de los ocho municipios jandeños y la presidenta de esta entidad, Lucía Torrejón, quien le planteó algunos de los problemas a los que tiene que hacer frente este ente supramunicipal, como son los asuntos sociales, el desempleo y la escasez de vivienda en muchos de los municipios jandeños.

Torrejón pidió también al Defensor del Pueblo Andaluz que se definan las competencias de las mancomunidades, que en su opinión están muy limitadas y que de momento no les permite poner en marcha algunos de sus servicios de manera comarcal.

Por otro lado, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, recibía ayer en el Ayuntamiento a Jesús Maeztu, un encuentro que sirvió para trasladarle las mayores preocupaciones del equipo de gobierno para mejorar la calidad de vida de los barbateños. A su vez, el Defensor del Pueblo Andaluz expuso que actualmente el organismo maneja 60 reclamaciones de toda la comarca de La Janda, por lo que se hace necesario desplazarse a la zona en persona para conocer de primera mano las inquietudes de sus ciudadanos.

El estado de la sanidad en la localidad, el empleo, la educación y la inmigración fueron las cuestiones que centraron la reunión. No obstante, el alcalde barbateño trasladó otros asuntos de interés a Jesús Maeztu, como son la deuda pública que se mantiene con Hacienda y la Seguridad Social, la necesidad de construir viviendas sociales, la puesta en marcha de una residencia para mayores, la concesión de los fondos DUSI o la modificación del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, que permitiría a la Administración local concurrir a las convocatorias de más ayudas.

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