La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, reveló ayer en el Congreso que casi un tercio de los 35.000 millones de euros que el Gobierno va a destinar a cubrir los pagos pendientes de las comunidades y los ayuntamientos corresponden al ámbito sanitario, que acumulaban un total de 12.110 millones en facturas de sanidad sin pagar.

Así lo aseguró durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que acusó al Partido Socialista de haber "dejado" estos pagos pendientes durante su etapa en el Gobierno, recordando también que una única comunidad gobernada por su partido -en alusión a Andalucía- acumulaba 750.000 facturas sin pagar.

De igual modo, censuró que el principal partido de la oposición trate de "distorsionar" las reformas que han emprendido e intente "confundir a la sociedad e infundir miedos". "Pero mientras los ciudadanos comprobarán día a día que las prestaciones se siguen manteniendo y que el esfuerzo equitativo que les hemos pedido les permite dormir tranquilos porque les garantiza que se mantiene un servicio esencial como es una sanidad para todos", aseveró Mato, que insistió en que "no hay una sola persona" que pierda la asistencia sanitaria con la reforma.

Por su parte, la diputada socialista Pilar Grande acusó a Mato de haber impulsado "la mayor expropiación sanitaria de los últimos 30 años" y comparó su discurso y sus intervenciones con "la empanadilla de Móstoles" de Martes y Trece. "La diferencia es que Martes y Trece lo hacían para hacernos reír y usted lo que dijo nos hará llorar", en alusión a una rueda de prensa "memorable" en la que, según detalló, Mato hizo afirmaciones tales como "no es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma".

También intervino ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien defendió su gestión y afirmó que una huelga "no puede hacer cambiar el rumbo de un Gobierno que hace lo que tiene que hacer al margen de su popularidad y de la del propio ministro".

Para el diputado socialista Jesús Sicilia, el ministro "ya está amortizado" y no es un interlocutor válido entre el Gobierno y la comunidad educativa.