El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al presidente de la comisión creada en el Congreso para investigar contratos durante la pandemia, Alejandro Soler Mur, que "se reconsidere la decisión" de llamar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Fuentes fiscales indican que este martes, García Ortiz envió la misiva a la Cámara Baja una vez vez que se dio conocer que el PSOE había incluido a Luzón en su lista de solicitudes de comparecencia. Según precisan, en el Ministerio Público permanecen a la espera de recibir una respuesta de Soler Mur.

Las mismas fuentes recuerdan que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está "directamente involucrada" en procedimientos que son objeto de la comisión y que la citación de Luzón "podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública".

En este sentido, dichas fuentes insisten en que la comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción "podría constituir un inconveniente" para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones.

Con todo, fuentes socialistas consultadas por Europa Press sostienen que desde el partido tienen la intención de que Luzón comparezca en la comisión del Congreso para que dé una "visión completa" de la corrupción y, "en ningún caso", para que aborde "casos concretos". Las mismas fuentes apuntan que la comisión estudiará la petición del fiscal general de reconsiderar la citación del jefe Anticorrupción.

En este sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que no tiene "ningún sentido" que jueces o magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación "sobre causas que están conociendo",

Cabe recordar que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace meses una serie de contratos que fueron adjudicados a la presunta trama en la que habría participado Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Según la querella del Ministerio Público, el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio --ADIF-- "donde asesoraba al titular" del mismo. "Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del Interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes", añade.

En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.

En la lista de solicitudes de comparecencia del PSOE figura también el fiscal Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido la investigación de los contratos de Baleares y Canarias con los principales imputados del denominado 'caso Koldo', y la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi.

Fue el pasado marzo cuando este órgano comunitario acordó abrir una investigación sobre los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama toda vez que podrían haber sido abonados con fondos europeos.