La "conducta" y las "actividades" de los ex miembros de Batasuna integrados en Sortu no evidencian una ruptura "con los postulados y métodos de la banda terrorista ETA". Por eso, la Fiscalía solicita al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la ilegalización del partido abertzale, que presentó una demanda de amparo cuando el Tribunal Supremo (TS) decidió prohibir que se inscribiese en el Registro de Partidos Políticos de Interior. El Ministerio Público se posiciona, así, en contra de la estimación del escrito, como ya hiciera la Abogacía del Estado. Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), sostiene que, si la formación es legalizada "a tiempo", se unirá a la coalición unitaria de Bildu y Aralar para las generales del 20 de noviembre.

La Fiscalía presentó ante el TC un escrito de 198 páginas en el que solicita que no estime la demanda de amparo que Sortu presentó el 18 de mayo, después de que el TS prohibiera su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. El Ministerio Público cree que hay que mantener la ilegalidad de la formación porque no hay "certeza" de que haya roto con ETA, cuya existencia "supone un riesgo cierto, real y grave para la sociedad española". "Se trata de evitar el riesgo" que conlleva que los ex miembros de Batasuna participen en la vida política: "Dicen haber roto con los postulados y métodos de la banda terrorista ETA sin que su conducta y actividades evidencien la certeza de aquella ruptura". El documento explica que las condenas a la violencia de la organización abertzale y la idea de que pretende usar los métodos democráticos para defender sus intereses no son "suficientes", aunque se incluyan en sus estatutos.

 Además, el Ministerio Público recalca que ETA no ha desaparecido: "Se ha limitado a declarar un alto el fuego permanente y verificable". El texto defiende que la banda proclamó el alto el fuego "para favorecer la actuación política de la izquierda abertzle y crear un clima político que favoreciese la legalización". Era una vía para evitar "posibles declaraciones de condena y, por tanto, difíciles compromisos para la izquierda abertzale frente a la violencia de la banda terrorista".

Así, el fiscal concluye que la organización terrorista propicia con su "pasividad armada" la operación de legalización: "Está dispuesta a adecuar sus acciones al proceso político de la izquierda abertzale a la que se le otorga el protagonismo de transformación política de la situación para la autodeterminación y la reunificación de Euskal Herria". En su opinión, el distanciamiento de la violencia es "una táctica instrumental".

El texto resalta que se utiliza un vocabulario "eufemista", con "circunloquios o paralelismos con la actuación legítima de las fuerzas de seguridad". También vuelve a defender que es la propia ETA la que señala cómo debe realizarse el rechazo de los actos de terrorismo, porque, en 2009, diseñó una estrategia "para superar su estado de debilidad y tomar parte activa en la vida política y constitucional". Esta conclusión deviene de la investigación policial que apunta a que la banda persigue este objetivo desde que Batasuna fuera ilegalizada, en marzo de 2003. Además, el escrito resalta que la sociedad exige "un reconocimiento incuestionable de las víctimas del terrorismo de la banda". 

La Abogacía, también en contra

De este modo, la Fiscalía se sumó a la petición de los Servicios Jurídicos del Estado, que consideran que los "irreprochables" estatutos de la formación seguirán siendo "una ficción" hasta que la banda desaparezca y la izquierda abertzale rechace de forma "expresa" la violencia terrorista: "Mientras ETA no desaparezca definitivamente, la izquierda abertzale no puede pretender colocarse en el plano de la normalidad política de los demás partidos".

La Abogacía sostiene que la resolución impugnada no lesiona la libertad de asociación y de creación de un partido político, como denuncia Sortu. A su juicio, el partido representa el último intento "más refinado jurídicamente y mejor preparado mediática y políticamente" de continuación de "la obra de los partidos disueltos en concierto con ETA".

Una vez presentadas las alegaciones, queda saber si el TC abordará este asunto, y si lo hará con tiempo suficiente para que Sortu concurra en las urnas del 20 de noviembre. Si lo hace, será en coalición con Bildu y Aralar, según explicó Pello Urizar este miércoles en Onda Vasca: "El análisis y el funcionamiento de la coalición representará a las sensibilidades de las formaciones que abogan por una unión de trabajo en estos momentos".