"El hecho de devolver el vehículo a una autoridad municipal, al igual que si la misma fuese autonómica o del Estado, así como a los agentes de la autoridad y servicios de emergencia, siempre y cuando todos ellos se encuentren en funciones de servicio o en el ejercicio de sus obligaciones, ha sido siempre y sigue siendo una práctica habitual (costumbre)". De esta manera el intendente de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, justificó que el edil de Cultura, Millán Alegre, no abonara la tasa de la grúa a pesar de que su vehículo tuvo que ser retirado de una vía pública al impedir el giro de un autobús urbano.

Fue ayer cuando el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, hizo público el informe policial donde se justificaba el impago de la retirada del vehículo. En él, el alto responsable policial llega a afirmar que era una "práctica habitual" que se hiciera si el responsable municipal estaba de servicio.

El pasado lunes, el alcalde, Enrique Moresco, dijo que el edil estaba en un "acto público" cuando su vehículo tuvo que ser retirado por la grúa municipal. En cambio, en el informe se apunta que se encontraba en una "reunión urgente en cumplimiento de sus obligaciones", una afirmación basada en un escrito presentado previamente por el edil. Eso sí, se ratifica que el vehículo estaba mal estacionado aunque minusvalora la infracción de tráfico a pesar de que Alegre ha sido sancionado. Así, indica que el turismo "tampoco se encontraba aparcado en una situación de obstaculización clara de la circulación" por lo que apunta que la retirada "vino motivada, al parecer, por la dificultad de giro de un autobús".

En el informe, Muñoz Leonisio se atribuye la decisión de devolver el vehículo al edil de Cultura sin abonar la correspondiente tasa. Y, para ello recurre a un artículo de la Ley de Haciendas Locales y hace una interpretación personal de la misma. Así se basa en el capítulo que regula las tasas municipales y los supuestos de exenciones. El artículo en cuestión señala textualmente: "El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional". Pues bien, a juicio del segundo jefe de la Policía Local, este artículo ampara para que cualquier autoridad pública aparque su vehículo contraviniendo alguna normativa de tráfico y no tenga que pagar posteriormente la tasa de retirada de grúa. De hecho en el informe se dice que este razonamiento es el "parecer del que suscribe".

Finalmente, el alto mando policial explica que, en el día que ocurrieron los hechos, él fue quien "solicita" al agente de servicio del grupo de atestados a que entregue el vehículo al edil sin pagar el servicio de grúa "previa consulta con el oficial al mando del turno". Los hechos ocurrieron el 14 de junio pero no fue hasta el 5 de julio, y tras la denuncia que realizó el sindicato UGT, cuando elaboró este informe, que fue en el que se sustentó el Gobierno local para justificar que Alegre no pagara la tasa, aunque el pasado martes anunció que procedería a abonarla.

Además de facilitar el informe, el concejal de Policía Local dio ayer una serie de explicaciones sobre lo ocurrido. Para empezar, eludió toda responsabilidad recordando que él se hizo cargo del área el pasado 1 de julio y los hechos se produjeron dos semanas antes de su llegada. Eso sí, apuntó que, tras conocer la denuncia de UGT, encargó el citado informe a Muñoz Leonisio. Tras esto, aseguró que ha dado orden para que no se aplique esta salvedad que según el segundo jefe de la Policía Local era costumbre. Así apuntó que ya ha dado instrucciones para que "ningún" vehículo salga del depósito sin abonar la tasa, salvo aquellos que cumplan con la única exención que recoge la normativa municipal, la del robo. De hecho apuntó que todo vehículo que salga del depósito sin el pago de este tributo deberá contar con la autorización previa y por escrito del edil de Policía Local.

En cuanto al procedimiento que se seguirá sobre el caso de Alegre, Carlos Coronado indicó que se retomará el procedimiento para que Alegre pague la retirada del vehículo (81,20 euros), tal y como anunció el pasado martes.

Ya por último, el edil criticó que haya habido este tipo de dispensas con los responsables municipales tal y como reconoce Muñoz Leonisio en su informe. "No es justo que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría en El Puerto. Aquí todos somos contribuyentes que tenemos la obligación de pagar las tasas municipales que se nos requieran. Si son justas, evidentemente hay que abonarlas", dijo. Eso sí, aseguró que su compañero de Gobierno nunca se negó a abonar la retirada del vehículo.