Ángela Montoya vive desde hace un año y medio en un piso de alquiler en la Ribera del Río. Anteriormente vivía con su familia, ocho personas en total, también de alquiler en uno de los bloques de la avenida de la Diputación que fueron expropiados para dar vía libre al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Caja de Aguas. Tuvo que desalojar aquel piso y según dice, desde Bienestar Social le aseguraron que en el plazo de un mes tendría otra vivienda, por lo que provisionalmente y a través de Cáritas se le buscó un piso temporal en la Ribera. Un piso sin luz ni agua, aunque en un principio la familia consiguió estos servicios enganchando el suministro de unos vecinos. Desde entonces hasta ahora ha pasado ya un año y medio y la situación ha empeorado puesto que ya no disponen del enganche y la familia, con un bebé de 18 meses, no tiene ni luz ni agua ni un cuarto de baño que poder utilizar. Ángela se siente "engañada", lo mismo que el propietario del piso al que también se le dijo que era para un mes, y reclama una vivienda digna a la que poder trasladarse cuanto antes con toda su familia.