La barriada de José Antonio Primo de Rivera se inauguró en el año 1956. Todavía no había llegado el desarrollismo a España, pero se iniciaba una etapa de cierto despegue económico, con iniciativas estatales orientadas a desarrollar las políticas marcadas por el régimen franquista. Entre ellas estaba la de facilitar viviendas para que los trabajadores pudieran tener un techo donde sacar adelante a las familias numerosas, que tanto se prodigaban entonces. Los pisos construidos por los patronatos de vivienda (en El Puerto el de Nuestra Señora de los Milagros) solían ser diminutos, aunque su construcción era limitada y estaban muy valorados: acceder a ellos era un privilegio que no todos llegaban a alcanzar. 

En algunas ocasiones, debido a la escasez de recursos, se readaptaron antiguos internados, conventos amortizados o edificios de propiedad estatal para transformarlos en viviendas. Otras veces, se levantaron bloques de obra nueva, barriadas enteras de nueva construcción, pese a la dificultad de la falta de suelo apto para edificar.

En el caso de la barriada de José Antonio esta escasez de suelo fue paliada por la donación de tres benefectores, gracias a los cuales se pudo edificar la promoción. El primero que hizo la donación altruista de los terrenos ante la Comisión Permanente del Ayuntamiento, en 1952, fue Francisco Quijano, abuelo de Luis Garrido, que ha sido jefe de la asesoría jurídica general del Ayuntamiento durante 35 años, hasta su reciente jubilación. A aquel benefactor le siguieron otras dos familias también portuenses, cuya donación completó la parcela rectangular sobre la que creció la barriada que ahora está en proceso de demolición.

La fachada del muro de José Antonio, cuando conservaba la placa conmemorativa.

Una vez construida la promoción, cuatro años después de la donación, se inauguró la barriada, en una fecha señalada para el régimen, un 18 de julio. Durante el acto se destapó una lápida conmemorativa instalada en el muro de uno de los bloques, en la esquina de la calle Cervantes con la Plaza de la Esperanza, en agradecimiento a las autoridades e instituciones que hicieron posible su construcción: el instituto nacional de la vivienda, la obra sindical del hogar y el patronato municipal de la Vivienda Nuestra Señora de los Milagros. En la placa labrada en piedra, el entonces alcalde Luis Caballero agradecía la "generosidad" de los tres benefactores que donaron los terrenos, figurando sus nombres en letras máyúsculas.

A partir de entonces, como es bien conocido, la barriada de José Antonio pasó por diferentes etapas, con una última época sombría de deterioro social a causa de la venta de droga y la marginalidad. Posteriormente, la mayor parte de los pisos se fueron desalojando, debido a la dramática situación a la que había llegado la convivencia, hasta que en septiembre de 2017 surgió la noticia de que iban a comenzar los derribos de los bloques.

La lápida conmemorativa de la inauguración de las viviendas.

Fue el momento en que Luis Garrido se puso en contacto con el entonces concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, pidiéndole como sucesor de uno de los donantes de los terrenos, la retirada de la placa por parte del Ayuntamiento "con el cuidado necesario para que no se quiebre", para guardarla en dependencias municipales y en su día, cuando la barriada completa se demoliera, volverla a colocar en algún lugar de la nueva promoción que está previsto construir.

Desde Urbanismo, el concejal le contestó que había dado orden de que se procediera a la retirada de la lápida conmemorativa y de depositarla en un lugar seguro, "preferentemente en el depósito del Museo Municipal", de lo cual envió copia a un técnico, varios concejales y al entonces alcalde David de la Encina. No obstante, la actuación municipal no fue a más, por lo que en 2018, señala Luis Garrido, "volví a reiterar la petición", sin resultado alguno. Tampoco en los años siguientes, 2019 y 2020, se procedió a retirar el recordatorio en piedra. 

Hasta que en febrero pasado desapareció la placa del muro en el que estaba, lo que él atribuye a la "desidia municipal". Comenzó entonces una búsqueda detectivesca de Luis Garrido para tratar de localizar la histórica pieza, unas indagaciones que le condujeron a la Secretaría Municipal, Urbanismo, Planeamiento Municipal y a la Junta de Andalucía, que estaba tramitando la contratación para el derribo de los bloques. Nadie sabía nada del destino de la lápida; tan sólo un hueco vacío dejado en la pared, testimoniaba que en efecto alguna vez estuvo allí y no era una mera ensoñación del interesado. 

El muro del edificio de la calle Cervantes, ya completamente abandonado y vacío.

De esta forma, al comprobar que por parte municipal no se movía ficha, "a pesar de que ser un bien del Ayuntamiento y además de carácter histórico", Luis Garrido comenzó a indagar personalmente, observando que la placa "había sido retirada con cuidado", existiendo por lo tanto indicios de que "habría sido con alguna autorización municipal, a no ser que hubiera sido objeto de robo".

Preguntando por la zona a comerciantes y vecinos, el detectivesco abogado descubrió entonces que efectivamente la placa había sido retirada por unos albañiles que dijeron al vecindario que lo hacían "en nombre de herederos de la familia que había donado los terrenos, y con autorización municipal". 

Luis Garrido confiesa que su sorpresa "fue mayúscula, ya que no había sido una sola familia la que había donado los terrenos y desde Patrimonio Municipal ni desde Urbanismo sabían nada de ninguna autorización".

El antiguo asesor jurídico opina que al tratarse de un bien municipal de carácter histórico "el Ayuntamiento está obligado a abrir las máximas investigaciones, incluso policiales, para averiguar lo sucedido y hacer retornar la placa para depositarla en el Museo Municipal, como se había acordado con anterioridad". Mientras tanto, el misterio sigue sin aclararse.