El fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz ha comunicado al titular del Juzgado número  5 de El Puerto el recurso de reforma ante la decisión de dicho juzgado de archivar  provisionalmente la causa  iniciada por los vecinos de la comunidad de propietarios Blagamar, en Valdelagrana, contra el alcalde, Germán Beardo, y varios de sus concejales por el caso de las atracciones sin licencia que se instalaron en Valdelagrana en el verano de 2020.

El pasado mes de mayo el Juzgado decidía el sobreseimiento y archivo provisional de la causa al haber expirado el tiempo previsto de tramitación sin que se hubiera ni siquiera tomado declaración a todas las partes implicadas. Tras este fallo los vecinos de Blegamar interpusieron un recurso y ahora el fiscal les ha dado la razón, formalizando dicho recurso ante el Juzgado.

El fiscal considera que "el transcurso del plazo no exime al instructor del procedimiento de la valoración y motivación del material incorporado con objeto de determinar la comisión de los tipos delictivos objeto del mismo". Además recuerda que se han solicitado diligencias de instrucción que no se han acordado sin haberse efectuado pronunciamiento expreso sobre ello. Por ejemplo, en septiembre de 2020 se solicitó  que se pidiera a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento portuense el expediente sobre las tasas abonadas para la instalación de las atracciones, una diligencia que el fiscal considera "esencial para determinar si indiciariamente había sido cometido un delito de malversación, pero nada acordó el instructor al respecto".

También en agosto de 2021 se solicitó por parte del fiscal la prórroga de las actuaciones, ante la falta de la documentación antes citada, así como la toma de declaración de los investigados.

De esta manera, el fiscal señala que no se recabaron todos los informes necesarios y lo que es peor, a pesar de estar perfectamente identificados todos los investigados, con su nombre y cargo,  no se les tomó declaración. "Ni era necesaria ni era precisa esa postergación que ahora parece erigirse en causa del archivo de estas actuaciones", afirma el fiscal.

Por todo ello, el fiscal solicita ahora la revocación del archivo y pide que se valore el material indiciario recabado y se practique el trámite previsto en la ley.

Ya en el recurso presentado por los vecinos el pasado mes de junio se insistía en que "la ilegal ocupación del dominio público para una  actividad prohibida y enormemente perjudicial para los vecinos fue realizada no sólo  con el conocimiento de las autoridades municipales, sino con su anuencia,  colaboración  absoluta y consciente incumplimiento de su obligación de adoptar las  medidas administrativas cautelares de precinto y cese de la actividad, permitiendo finalmente que libremente se completara el ilegal montaje del parque de atracciones y su explotación desde el día 13 de julio, con la gravísima contaminación acústica y lumínica que todas las noches desde tal día debieron sufrir los vecinos ".