Era el año 1983. José Pinto Fuentes adquiría la finca Pinar de Coig, una gran extensión de pinar y suelos rústicos de más de 20 hectáreas en las faldas de la Sierra de San Cristóbal. Poco tiempo después, comenzaba a parcelarla, lo que le valió una denuncia por el Ayuntamiento. El asunto llegó a la Audiencia Territorial de Sevilla (antiguo TSJA) que declaró ilegal la parcelación en 1985. La sentencia fue confirmada tres años después por el Tribunal Supremo. El por entonces secretario municipal instó al gobierno municipal conformado por PSOE y Alianza Popular a acatar la sentencia y proceder a demoler los signos que confirmaban la parcelación y las viviendas que ya habían. Sin embargo, jamás se tomaron medidas para restablecer la legalidad.

Llegó 1992 y el Ayuntamiento veía como se aprobaba por fin su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La finca de José Pinto se dividía en dos a efectos de clasificación de suelos. La parte sur quedaba bajo la categoría de suelo no urbanizable común (correspondiente al diseminado ilegal de Los Naranjos). La zona norte, entre la que se encontraba lo que hoy es el núcleo ilegal de Pinar de Coig, se destinaba para parque público (sistema general de espacios libres). Tanto en una como en otra zona ya se habían producido parcelaciones y se habían construido viviendas (especialmente en la zona sur). El PGOU determinaba que el Ayuntamiento debía obtener los suelos del Pinar de Coig para su uso como parque público. Pero el proceso de expropiación no llegó a realizarse (Juan Carlos Rodríguez anunció en 2006 que lo iniciaba aunque poco se avanzó en la tramitación). También establecía el Plan General que se debería haber realizado un plan especial de regeneración del medio para acabar con las parcelaciones en Pinar de Coig. Tampoco se llevó a cabo.

A partir de 2000 surgía otro de los protagonistas en esta historia: Rafael Pacheco Descalzo. A lo largo de este año y en los sucesivos fue comprando participaciones indivisas de la finca Pinar de Coig a Pinto para luego venderlas a otros particulares.

la proliferación

En 2002 se conocía el documento de avance del nuevo Plan General, a día de hoy aún en tramitación. Con él se fijaba la regularización de todos los diseminados ilegales del término municipal salvo dos, Pinar de Coig y El Barranco (sí se incluía Los Naranjos). No obstante los responsables municipales de aquel entonces, tanto Hernán Díaz (alcalde) como Pedro Alamillos (concejal de Urbanismo) hablaban de buscar una solución a los propietarios. Por aquel año, según un informe del Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento, había una decena de viviendas.

En los sucesivos años la construcción se aceleró (de hecho en 2005 había 21 viviendas) coincidiendo con la presencia de Juan Carlos Rodríguez al frente del Área de Urbanismo. Éste firmó pocos días después de llegar a la Concejalía una autorización para la contratación del suministro eléctrico a la vivienda de una hija de Rafael Pacheco. La razón esgrimida era la ya consabida en las decenas que firmó el anterior gobierno de IP: "Ante la necesidad de cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad para los ocupantes de la vivienda".

Un escrito similar, y con la misma justificación, lo dirigió a la empresa suministradora de electricidad Endesa en noviembre de ese año dando su visto bueno a la contratación de este servicio a 23 propietarios. En el documento, se señalaban los nombres y apellidos así como el DNI de los propietarios. Días después, enviaba un nuevo escrito anulando la autorización, aunque, nuevamente, semanas más tarde, volvía a darle su confirmación.

Mientras, en 2004, la Junta de Andalucía aprobaba el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC). En él se insistía en la catalogación de protegidos de los suelos del Pinar de Coig.

los expedientes

En abril de 2005 Rodríguez le daba su beneplácito al proyecto de electrificación del diseminado, aunque días después volvía a anularlo.

Pero ya el procedimiento judicial se había iniciado. Días antes, Ecologistas en Acción había denunciado ante la Fiscalía la ausencia de medidas disciplinarias contra las parcelaciones. En su defensa, el Gobierno de IP alegó que por aquel entonces la empresa municipal Serecop ya estaba trabajando en la identificación de los propietarios. Sin embargo, dos años antes, el Área de Urbanismo ya contaba con un listado completo de dueños para autorizarles la luz. Además, las labores de vigilancia del Ayuntamiento se iniciaron bastantes meses después de que la Junta instara a Urbanismo a que actuara contra estas construcciones.

Hacia el mes de mayo de 2005 Urbanismo iniciaba los primeros expedientes disciplinarios contra los propietarios de Pinar de Coig, lo que no fue óbice para que la Fiscalía remitiera en julio la denuncia de los ecologistas a los juzgados portuenses para que iniciaran las diligencias previas. Y en agosto, tres dueños decidían denunciar judicialmente a Díaz, Rodríguez, Alamillos, Pinto y Descalzo por prevaricación y estafa. Ambas se unían más tarde en un mismo procedimiento.

diligencias judiciales

Conforme avanzaba el proceso judicial, los anteriores responsables municipales abrieron un nuevo frente: la legalización de Pinar de Coig. Para ello, y con el respaldo del PSOE y PP, IP aprobaba en octubre de 2005 una propuesta en la que se instaba a la Junta a que modificara el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz en los terrenos de Pinar de Coig para poder legalizar las viviendas. La respuesta de la Junta llegaba seis meses después denegando esa posibilidad. Sin embargo, IP seguía con este planteamiento solicitando varios informes técnicos a funcionarios municipales. En febrero de 2007, se rechazaba finalmente esta idea con un informe de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo.

En paralelo, el proceso judicial comenzaba a alargarse. La defensa de Díaz y Rodríguez solicitaba en abril de 2007 que se incluyera como imputado a Fosco Valimaña, autor del proyecto de electrificación . En un principio el Juzgado lo desestimó pero luego lo aceptó tras un recurso. No fue hasta el pasado 8 de este mes cuando el Juzgado emitió un auto ordenando la celebración del juicio y archivando la causa contra Valimaña.

Hasta mañana, las defensas de Díaz, Rodríguez, Alamillos y Pinto tienen de plazo para presentar un recurso de reforma y de apelación ante la apertura de la vista oral. Si se desestima, todo el expediente irá a Cádiz para que sea analizado por el Juzgado de lo Penal y marque la fecha del primer juicio contra unos responsables municipales por sus actuaciones ante unas viviendas ilegales. La permisividad y la dejadez de funciones ante este fenómeno en este enclave protegido podría ser juzgada en Cádiz el próximo año.