El Ayuntamiento, dispuesto a bonificar el impuesto de circulación

El equipo de gobierno municipal ha impulsado una petición al Gobierno central para que se permita a los ayuntamientos bonificar el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica, es decir, el impuesto de circulación que se paga anualmente.

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello, explica que cuando el alcalde, Germán Beardo, le solicitó el estudio de nuevas medidas económicas para ayudar a los portuenses a paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, se constató que los Ayuntamientos no tienen la posibilidad de bonificar el impuesto de circulación al no tener competencias en este sentido, salvo que el Gobierno de la nación lo apruebe.

Bello señala que con el confinamiento la mayor parte de la flota de vehículos particulares están parados, desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Sin embargo, los Ayuntamientos no tienen capacidad para compensar este agravio a los ciudadanos.

De este modo, aunque las administraciones locales quieran adoptar medidas de carácter fiscal para ayudar a sus habitantes, no pueden hacerlo porque se lo impide la legislación del Estado, en concreto el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto se ha impulsado una iniciativa refrendada por la diputada por Cádiz María José García Pelayo, que ha trasladado a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, para que lo traslade a su vez a la mesa del Congreso de los Diputados, a través de una Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Hacienda, de modo que el Gobierno central establezca un período transitorio que elimine obstáculos y que permita a los ayuntamientos aplicar diferentes medidas que impliquen un beneficio fiscal para los vecinos.

El porcentaje de la bonificación se determinaría en función de los días de duración del estado de alarma, ya que sería la forma de descontar del impuesto aquellos días en los que los ciudadanos no han podido usar sus automóviles en vías de uso público.