Finalmente la sangre no llegó al río y pese a lo complicado de la situación, el pleno municipal ha aprobado en la tarde de hoy la prórroga por un año del contrato de explotación del complejo de las piscinas municipales, incluyendo la gestión de la cafetería y las escuelas deportivas municipales.

En un principio el pleno estaba convocado para las nueve de la mañana de hoy miércoles, pero un demoledor informe de la Intervención municipal desaconsejó seguir adelante con los planes iniciales, que proponían aprobar una prórroga del contrato de diez años.

El pleno se había convocado de manera extraordinaria ayer martes y en la sesión debía debatirse y votarse la prórroga del contrato a la empresa Ociosur, que explota las instalaciones.

El contrato se firmó el 27 de febrero de 2009, durante la etapa de gobierno del Partido Popular, y expiraba mañana  jueves, 28 de febrero, con lo que de no haberse alcanzado un acuerdo las piscinas podrían haber permanecido cerradas a partir de este viernes.

El contrato firmado en 2009 contemplaba una serie de importantes mejoras en el complejo, como la ampliación de la zona de gimnasio o la puesta en marcha de un spa. No obstante, en 2012 y tras realizarse los estudios previos necesarios para ello, se detectaron una serie de inconvenientes técnicos que dificultaban el cumplimiento de las mejoras previstas y se decidió descartarlas.

Ante la intención municipal de conceder a Ociosur una prórroga de diez años, con las condiciones originales del contrato modificadas, la Intervención municipal había presentado al respecto un reparo de carácter suspensivo. El informe de Intervención era muy duro y explicaba que “tras un contrato de gestión de servicio público que ha durado diez años, que finaliza el 28 de febrero de 2019 y que se pretende prorrogar por 10 años más con modificaciones de contrato incluidas, se presenta la documentación definitiva para informar a esta Intervención el 26 de febrero de 2019, sin conceder el plazo establecido de 10 días para la emisión de informe que requiere la legislación del procedimiento administrativo, obstaculizando así la función fiscalizadora”, se indicaba entre otras cosas.

No obstante, al respecto hay otros dos informes que no ponían obstáculo a la prórroga, uno de la Secretaría municipal y otro del jefe de servicio de la Concejalía de Deportes.

Tras decidirse la suspensión del pleno matutino, los portavoces acordaron como vía alternativa que la prórroga fuese de un año, y no de diez, para sacar entre tanto un nuevo pliego de condiciones. En la comisión informativa previa al pleno, sin embargo, la discusión continuó y la viceinterventora, que presentó un segundo informe aún más duro que el primero, advirtió que de seguir adelante la propuesta, la decisión sería enviada al Tribunal de Cuentas.

Después de un debate entre los portavoces, finalmente los grupos de la oposición decidieron abstenerse para no obstaculizar el acuerdo, aunque los integrantes del equipo de gobierno -cinco concejales del PSOE y dos de IU, al faltar las ediles Eugenia Lara y Matilde Roselló- votaron a favor, asumiendo así las consecuencias de adoptar una decisión por las que en el futuro se les podrían pedir responsabilidades.

El concejal de IU Antonio Fernández fue el más crítico, durante su intervención, con los técnicos municipales del área de Deportes, ya que dijo no entender cómo se había esperado a última hora para llevar un asunto de esta importancia al pleno.

El alcalde, David de la Encina, entonó también un “mea culpa” al reconocer no se había realizado en tiempo y forma esta gestión. “Damos la cara y aceptamos la responsabilidad de esta decisión”, dijo, confiando en el amparo de los dos informes favorables con los que cuentan.

De lo ocurrido los grupos sacaron como conclusión la necesidad de trabajar con más previsión en estos casos, sobre todo cuando hay informes contradictorios entre funcionarios municipales de primer rango.