Miles de cordobeses se despertaron ayer con una de las noticias más impactantes de los últimos años en la provincia: la decisión del Banco de España, tomada pasada  la una de la madrugada de ayer, de intervenir la caja de ahorros Cajasur después de que su consejo de administración optase por mayoría simple el viernes  por negarse a seguir adelante con el proceso de fusión abierto en 2009 con Unicaja. La noticia cundió como la pólvora y, apenas unas horas más tarde,  a primera hora de la mañana, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), al que el Banco de España designó como administrador provisional de la caja tras retirar todas las competencias al anterior consejo presidido por Santiago Gómez Sierra, dio a conocer el nombre de los tres expertos que gestionan ya Cajasur. Según una resolución que se recogía ayer el BOE, los designados son José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo, quienes actuarán mancomunadamente.

En los tres casos, se trata de expertos con amplia trayectoria en el sector bancario y en el de la auditoría, lo que, según el Fondo de Reestructuración, será clave dada 'la delicada situación de Cajasur'. Las funciones de los administradores provisionales, según el BOE, serán dirigir, controlar y ejecutar la actividad diaria de la caja, nombrar el equipo de dirección que consideren oportuno para cumplir sus funciones y conceder y revocar poderes, incluidos los que estén vigentes en la actualidad. En principio, se espera que lleguen a la entidad el próximo lunes, aunque cabe destacar que ayer mismo, según fuentes consultadas por este periódico, ya se les impedía el acceso a la sede a los hasta ahora administradores de Cajasur.

 El FROB  confirmó por otra parte algo que ya había anunciado el Banco de España durante la madrugada anterior: que inyectará recursos de capital suficientes para que la caja alcance una coeficiente de solvencia superior al mínimo legal, algo de lo que carecía. En concreto, se precisó que estos fondos, que se consignarán de forma inmediata,  se situarán en unos 550 millones de euros, a lo que habrá que añadir recursos adicionales para cubrir las necesidades de liquidez, aún por cuantificar. Al cierre de 2009, los recursos propios de Cajasur alcanzaban 444,3 millones de euros, frente a los 967,5 millones que exigía la ley, de modo que la ratio de solvencia se situaba en el 3,67%, por debajo del 8% debido, de acuerdo con el informe de Deloitte. Con esta inyección de fondos el FROB pretende tranquilizar a depositantes y acreedores.

A partir de ahora, los tres nuevos administradores de Cajasur tienen un mes de plazo para presentar un informe detallado sobre la situación patrimonial de la caja y su viabilidad, así como las posibles soluciones para la entidad. Fuentes del Banco de España explicaron en ese sentido que los administradores presentarán un plan de reestructuración que permita la superación de las dificultades, mediante la fusión con otra u otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso total o parcial de sus activos o pasivos.

Simultáneamente, el FROB elevará a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, una memoria económica en la que se detallará el impacto financiero del plan de reestructuración sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a la que la vicepresidenta económica podrá oponerse en un plazo de diez días. Este proceso dista considerablemente del que se ha tenido que seguir con Caja Castilla La Mancha, la otra entidad que se encuentra ahora mismo intervenida por el Banco de España. En ese caso, y dado que aún no había entrado en vigor la nueva normativa, el proceso tuvo que recibir el visto bueno de su Asamblea, contar con la autorización de los órganos administrativos regionales e incluso ser sometido a votación en las Cortes de Castilla-La Mancha. En el caso de Cajasur, el Banco de España controlará todo el proceso y la Junta, aunque será consultada, no podrá decidir.