El Gobierno restringirá el acceso a la jubilación parcial para que el coste de esta medida no recaiga en su totalidad sobre la Seguridad Social y suponga mayor coste para las empresas, según consta en el plan presupuestario para 2013 y 2014 remitido a la Comisión Europea. También modificará los requisitos para acceder a la jubilación anticipada para elevar la edad efectiva de jubilación y que se aproxime lo más posible a la edad legal.

En este sentido, el Gobierno actuará, según lo acuerde en el Pacto de Toledo, sobre los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros factores. El Ejecutivo quiere modificar el acceso a la jubilación parcial con el fin de evitar un uso inadecuado de la misma porque considera que en muchos casos sustituye a la jubilación anticipada y su coste recae totalmente sobre la Seguridad Social.

Esta modificación también se articulará a través de lo acordado en el Pacto de Toledo bien modificando la edad de acceso a la jubilación, el porcentaje mínimo de la jornada laboral o los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación a la pensión parcial reconocida. El coste de las medidas en materia de Seguridad Social que recoge el plan supondrá una caída de ingresos de 3.591 millones de euros (1.040 millones en 2013 y 2.551 millones en 2014), debido al impacto que sobre las cuentas del sistema tendrá la rebaja de las cotizaciones sociales en un punto en 2013 y en otro adicional en 2014.

Para compensar la caída de ingresos, el Gobierno incrementará las sanciones por impago de las cuotas a la Seguridad Social y las unificará en un sólo tipo de recargo del 20%. Actualmente hay cuatro tipos de recargo (3%, 5%, 10% y 20%) en función de si el retraso en el abono de las cuotas es de uno, dos, tres o más meses. Respecto a los autónomos, se incrementará en un punto la base mínima de su cotización.

Asimismo, para aumentar los ingresos y aproximar el aumento de las bases máximas de cotización a la evolución del IPC y que se aproximen más los salarios y las bases de cotización, se incrementarán estas bases máximas en 5 puntos. En cuanto al factor de sostenibilidad introducido en el sistema de la Seguridad Social por el anterior Gobierno, se revisarán los parámetros fundamentales en función de la evolución de la esperanza de vida.

Según la legislación actual, el factor de sostenibilidad empezará a estar vigente en 2027 e implica, básicamente, que cada vez que se modifique la esperanza de vida, se hará una revisión del sistema para mantener su equilibrio. La Comisión Europea ha pedido al Gobierno que se adelante su aplicación, cuestión que se analizará también en el ámbito del Pacto de Toledo, para revisar parámetros "fundamentales" en línea con los países del entorno, como la edad de jubilación, la cuantía inicial de la pensión o las condiciones de revalorización de la misma, entre otras.