EL proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 presentado ayer por el Gobierno puede ser calificado como de los más difíciles de la democracia por el recorte del gasto de los ministerios en un 8,9%, que se añade a los recortes que se vienen produciendo desde 2010. Pero también ha sido, paradójicamente, uno de los más fáciles de elaborar, porque los condicionantes externos (compromiso de déficit público del 4,5% del PIB para el conjunto del Estado, y pago de intereses de la deuda de 38.590 millones de euros) dejaban muy escaso margen para la elección. Además de ello, la decisión de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, que obligará a utilizar el Fondo de Reserva, propicia que el gasto público siga creciendo hasta niveles récord (un 9,2% más que en 2012), por lo que, por el lado de los ingresos, se definen nuevas medidas tributarias -como el impuesto sobre los premios más altos de la lotería- con el objetivo de recaudar 4.375 millones de euros adicionales, lo que no evita que sea necesario que siga aumentando la deuda pública. Por ese motivo el margen de maniobra es escaso. Se podrá discutir la oportunidad de un determinado recorte, pero deberá ser compensado por otra partida, y aun así se quedará corto para cumplir con los compromisos internacionales de déficit, pues el presupuesto está construido sobre bases muy discutibles. La primera es la previsión de una caída del PIB del 0,4% para el próximo año, cuando analistas e instituciones internacionales prevén que la caída sea de entre el 1,4% y el 2%. Y la segunda es la previsión de ingresos tributarios (IRPF, IVA e impuestos especiales) con aumentos de la recaudación difícilmente compatible con el marco recesivo y con la experiencia de los últimos años. Por todo ello, es posible que, un año más, incumplamos nuestros compromisos internacionales, con los efectos negativos en la confianza en nuestro país y en la prima de riesgo. El escenario macroeconómico diseñado peca, como en otras ocasiones, de optimista.