El Gobierno no se manifestó ayer con palabras. Apenas Corbacho y Chaves hablaron de la huelga, y lo hicieron desde el recurso al tópico, con palabras manidas como "respeto" o "responsabilidad". Pero sí empleó los datos: sólo el 11,48%, sin contar los trabajadores que cumplieron con los servicios mínimos, secundó la huelga en la Administración central, cifra similar a la que ofrecieron las autonomías y la Federación de Municipios respecto a las entidades locales. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, dijo, a última hora de la tarde, que la convocatoria había tenido un alcance "limitado".

Pero los sindicatos no se resignan. Cifraron la participación en un 75%, "un notable éxito", y arremetieron con dureza contra el Ejecutivo por dos motivos: el maquillaje de los datos y la imposición de unos servicios mínimos que las centrales consideran excesivos. Así, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, rechazó las cifras del Gobierno y dijo que "es su problema si se contenta con maquillar las cifras". Advirtió, también, que los servicios mínimos "serán contestados en los tribunales". En parecidos términos se manifestó el líder de UGT, Cándido Méndez, que calificó el paro de "éxito" a  pesar del "hachazo al derecho constitucional de huelga" que se ha cometido con los servicios mínimos. Los dos dirigentes sindicales aprovecharon para recordar al Gobierno que pende sobre él la amenaza de huelga general: "Que a nadie le quepa duda de que habrá huelga general si en las próximas fechas el Gobierno consolida el giro de su política económica y social con una reforma laboral lesiva contra los trabajadores", proclamó Toxo. Los sindicatos instaron al Gobierno a "tomar nota" del paro funcionarial antes de emprender cualquier tipo de medida.

Por comunidades, en Cataluña, la Generalitat la ha situado en el 11,51% y los convocantes en el 75%; en Extremadura en el 10,74% y en el 73,03%, respectivamente. Mayores diferencias se han dado en Castilla y León (un 4% frente al 70-75% de los sindicatos) y en la Comunidad Valenciana (un 6,88% frente al 72%).

Por servicios públicos, en la Sanidad el 65% del personal no ha acudido a trabajar, en la Educación el 70% y en las instalaciones portuarias el 80%, según la versión sindicatos.

En el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional el paro ha sido "escaso o casi nulo" según ambos organismos. El seguimiento también fue mínimo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ya que sólo un 5,44% o de los funcionarios de la Cámara Baja y un 8,14% de la Alta ha secundado la protesta.