El gobierno municipal de Sanlúcar de Barrameda desestima la posibilidad de adquirir una subvención de 2,2 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía en el programa de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis). Carmen Álvarez y su equipo consideran "inasumibles" la aportación de 700.000 euros requeridas al Ayuntamiento en materia de contrataciones que la administración autonómica exige para acogerse a dicha subvención.

Desde la oposición, el grupo popular critica con dureza la "falta de sensibilidad" de la alcaldesa, calificando de "sinsentido" renunciar a cualquier tipo de subvención, "más si se trata de asuntos sociales". La partida que desestima el gobierno municipal del programa Eracis asciende hasta los 2,2 millones hasta el año 2027, siendo de 330.000 euros la cantidad que percibiría el Ayuntamiento en este curso.

Carmen Pérez, portavoz popular, califica de "escandaloso" este hecho, mientras que desde el gobierno municipal explican esta decisión achacando a las "condiciones que impone la Junta  para la ejecución de  dicho programa sin tener en cuenta las retribuciones recogidas en el convenio colectivo de la plantilla del Consistorio". De este modo, inciden en que el personal contratado pasaría a cobrar un salario inferior por realizar el mismo trabajo, algo que consideran inaceptable. "A igual empleo, igual salario", explican.

Además, desde el Ayuntamiento añaden que, de acogerse a dicho programa, "se vería expuesto a denuncias como las que motivaron los planes de empleo promovidos por la Administración autonómica". 

Este asunto ha provocado un cruce de declaraciones entre gobierno y oposición. Mientras que desde el PP, Pérez acusa de "dejar correr una oportunidad única para combatir la desigualdad en el municipio”, la delegada de Servicios Sociales, Nuria Prado, lamenta el "desconocimiento" de la situación y le insta a "exigir a sus compañeros de la Junta que pongan en marcha programa acorde a los convenios de los Ayuntamientos".

Del mismo modo, la delegada informó del aumento en la plantilla en su delegación como contraprestación al programa de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.