Una agresión física a dos profesionales sanitarias ha provocado que el Área de Gestión de Jerez, Costa Noroeste y Sierra activen su Plan de Prevención de Agresiones. El incidente ocurrió la tarde del pasado viernes en el Centro de Salud Tolosa Latour ubicado en el municipio de Chipiona. Una enferma y una TCAE fueron víctimas de este lamentable sucedió por el que la Guardia Civil tuvo que acudir al centro médico.

El Área pone a disposición de estas profesionales los recursos necesarios, al mismo tiempo que apoyaron a las víctimas a interponer una denuncia y la condena pública. Cabe destacar que la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

Eva Pajares, Delegada de Salud y Consumo se sumó a la condena de los hechos, lamentando el suceso y mostrando su apoyo a las dos profesionales. Esta delegación cuenta con numerosos instrumentos para la lucha contra esta lacra en el denominado Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, en vigor desde hace dos años. Con la activación de este plan, se analiza el contexto y las características de las agresiones al personal sanitario, sobre lo cual, la Consejería recuerda que vincular las agresiones a cualquier motivo ajeno (como una supuesta saturación asistencial) a la falta de civismo y educación, no es de recibo.

Uno de los instrumentos del plan es la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, que pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

Aparte, también existe el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, un instrumento de la Junta, contemplado en el Plan de Prevención de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra esta lacra y en el que participan los colegios profesionales. 

Asimismo, gracias a la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.

Por último, la Consejería de Salud y Consumo plantea el establecimiento de un régimen sancionador administrativo interno del SAS, con independencia de la vía judicial, de modo que cualquier agresión, física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario, pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia que cada profesional de forma individual deba realizar. Sobre esta medida, al necesitar ser establecida con rango de Ley, se está estudiando el procedimiento más rápido y garantista para su definitiva aprobación.