El PSOE solicita un Pleno Extraordinario en Chiclana sobre las presuntas irregularidades a nivel nacional y autonómico

El grupo municipal socialista ha presentado una propuesta para la celebración de un Pleno Extraordinario “para debatir y rechazar las conductas impropias referidas a la contratación pública conocidas en las últimas semanas relativas al Ministerio de Transportes del Gobierno de España y al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, administraciones en las que se han conocido prácticas poco edificantes y condenables que, en ambos casos, están siendo investigadas por la Justicia”, indican.

Esta iniciativa llega tras dar a conocer el Partido Popular que pediría la convocatoria de otra sesión de estas características, pero no incluía los casos detectados en el gobierno andaluz, refiriéndose su presidenta, Ascen Hita, a que sería de “apoyo a la Guardia Civil y la UCO y contra la corrupción socialista”.

Estos anuncios se suceden después de que ambos partidos se acusaran de veto en la sesión plenaria celebrada el pasado martes.

En este sentido, los ediles socialistas destacan que, “lejos de vetos como el que llevó a cabo la señora Hita en el último Pleno a la enmienda presentada por este grupo, queremos que se debatan todos los asuntos relacionados con estas presuntas irregularidades en las contrataciones públicas, ya sean del Gobierno de España o de la Junta de Andalucía”.

Mientras que Ascen Hita, en una nota de prensa anterior, denunciaba “el bochornoso veto impuesto hoy por el Sr. Román (PSOE), que ha impedido el debate sobre la corrupción socialista durante la sesión ordinaria”.

“Es una pena que el PP no quiera que se debata lo que está sucediendo en la sanidad andaluza y más concretamente en las contrataciones que se están llevando a cabodesde el SAS y que están provocando el desmantelamiento de esta”, declaró el PSOE para añadir que “nuestro grupo municipal no tiene reparo alguno en debatir las últimas noticias publicadas sobre los señores Ábalos y Cerdán, pero lo mismo debe hablarse de lo que está pasando con la Sanidad en Andalucía, donde gobierna el señor Moreno Bonilla”.

Sin que hasta el momento se sepa si el PP ya ha presentado su propuesta, la del PSOE incluye puntos como “instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, a mostrar su rechazo a los miles de contratos públicos, con importes de 692 millones de euros entre los años 2020 y 2021 que, acogiéndose al procedimiento de emergencia, formalizó el Servicio Andaluz de Salud y que pudo incurrir en unas supuestas irregularidades; así como a dar explicaciones públicas sobre las supuestas “irregularidades” detectadas por la Intervención autonómica en el 92 por ciento de los contratos sanitarios adjudicados a dedo por la Junta de Andalucía en 2021 y en los que el Gobierno de Moreno Bonilla destinó 1.223 millones a la contratación menor en las ocho provincias, en donde se fraccionaron adjudicaciones millonarias y con todas las auditorías desfavorables”.

Además, reclama al gobierno andaluz que retome la subasta de medicamentos, “que se ha demostrado supone un importante ahorro para las arcas andaluzas, que podría alcanzar los 600 millones de euros anuales. cantidad que, lejos de destinar a empresas farmacéuticas, como Bidafarma, en la cual es gerente de Relaciones Institucionales la mujer del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, podría destinarse a la contratación de personal sanitario y la construcción de nuevos equipamientos sanitarios como el centro de salud de La Cucarela o el futuro hospital en Chiclana”.

Por otro lado, desde el grupo socialista se propone instar al Gobierno de España “a que todas y cada una de las licitaciones de obras, adjudicaciones y su posterior desarrollo contractual que están siendo objeto de investigación judicial, sean debidamente auditadas y fiscalizadas, para saber el alcance de la repercusión económica que han ocasionado esos ilícitos penales, en especial si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias a través de las figuras de modificados complementarios o liquidaciones para que se depuren las responsabilidades políticas y personales; así como a defender el interés público económico en las obras que están siendo objeto de investigación judicial en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.

Asimismo, se solicita “reforzar con medios humanos y materiales los mecanismos de control y supervisión de los grandes contratos de obra pública, promoviendo las reformas legales necesarias para establecer informes preceptivos a posteriori del Tribunal de Cuentas o de la Intervención General del Estado; a incrementar los recursos y competencias de la Oficina Independiente de Contratación para que audite de manera eficaz todas las etapas de los contratos estatales; a mitigar o minimizar las prácticas corruptas como las que se están investigando judicialmente; y a incrementar y fomentar la competencia regional, impulsando en el ámbito del diálogo interadministrativo que la Estrategia Nacional de Contratación Pública incluya objetivos específicos que corrijan desequilibrios entre territorios”.