La Junta de Andalucía ha valorado la ratificación de la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Chiclana, anunciado por el Tribunal Supremo en la jornada de ayer miércoles, manifestando en este sentido que "la política de planificación urbanística y medioambiental de los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía fue un desastre".

Asimismo, desde el Gobierno andaluz se ha querido hacer hincapié en que "la nueva ley LISTA, que esperamos que el Parlamento la apruebe antes de fin de año con el apoyo de los máximos grupos políticos posible, aporta seguridad jurídica a los ayuntamientos al aclarar y simplificar la norma urbanística y de ordenación del territorio". "El Urbanismo en Andalucía ha estado hasta ahora enmarañado y cuestionado por los tribunales, lo que ha mermado el desarrollo de los municipios. Por eso es necesaria la LISTA, que este Gobierno andaluz ha presentado en un tiempo récord para simplificar, aclarar y dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos", continúan argumentando desde la Administración regional.

Por otra parte, y en relación con las demandas que ya ayer hacía el propio alcalde de Chiclana, José María Román, en este medio en relación con la necesidad de agilizar en todo lo posible la elaboración de las Normas Sustantivas provisionales para que regulen el urbanismo local hasta la redacción de un nuevo PGOU y la propia elaboración del nuevo documento, desde la Junta se asegura que "estamos encantados de asesorar y ayudar al Ayuntamiento de Chiclana en la elaboración de su nuevo PGOU".

"Chiclana, como otros 60 municipios en toda Andalucía, cuenta con una mesa técnica constituida junto a ayuntamientos para apoyar a los municipios a sacar adelante su PGOU", inciden en esta línea.

Por último, desde la citada administración se refieren a la reciente historia urbanística local en Chiclana manifestando que "ya desde el 2003 se aprobó un plan con cantidad de reparos en los informes técnicos (PSOE) por lo que la aprobación fue parcial y ese plan se anuló en 2011 por el Tribunal Supremo. En 2016 se aprobó un plan con evaluación ambiental estratégica hecha al final del procedimiento, no con el borrador del plan al principio como exige Europa. Lo hicieron con la autorización de la entonces Consejería de Medio Ambiente, es decir, tenían conocimiento de lo que hacían".