La Junta afirma que cumple la legalidad en la planificación educativa de Chiclana
Desmiente el informe de Ustea sobre la existencia de ratios ilegales
Asegura que “el problema en muchos centros no es la falta de plazas, sino el descenso en la natalidad”
Ustea detecta irregularidades en la oferta educativa inicial del curso 2025/2026 en Chiclana

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz ha informado hoy, en un comunicado, que “la administración educativa andaluza cumple estrictamente con la normativa vigente en materia de ratios” y que “en ningún caso se están produciendo ratios ilegales en las aulas”.
El organismo ha emitido esta nota de prensa “tras las recientes declaraciones públicas del sindicato Ustea sobre supuestas irregularidades en las ratios escolares en distintos centros de la localidad de Chiclana”.
También ha manifestado que “la planificación educativa que se realiza desde esta Delegación se basa en criterios objetivos, técnicos y verificables, tales como la evolución demográfica, la demanda real de escolarización y el uso efectivo de las plazas ofertadas. Estos permiten garantizar una distribución equilibrada de los recursos y asegurar una oferta educativa adaptada a las necesidades de las familias”.
Asimismo, ha asegurado que, desde la presidencia de la Comisión Territorial de Garantías de Admisión de Chiclana de la Frontera, se recalca que “el procedimiento es totalmente transparente, prueba de ello es la publicación de toda la información relevante en cada centro educativo, y la propia comisión vela por su correcto cumplimiento. Entre los datos públicos destacan: las unidades autorizadas con indicación de plazas ofertadas, las reservas estimadas para alumnado ya escolarizado y el cálculo resultante de las vacantes reales disponibles".
En este sentido, la Delegación ha matizado que “el procedimiento de escolarización gira en torno al alumnado de tres años, que accede por primera vez al sistema educativo. Para este colectivo, la oferta de plazas es más que suficiente. En el caso del alumnado de cinco años que ya está escolarizado y que pudiera solicitar un cambio de centro, una situación excepcional, su escolarización está igualmente garantizada, aunque su impacto en la planificación general es mínimo”, para añadir que “el problema en muchos centros no es la falta de plazas, sino el descenso en la natalidad”.
La Delegación de Educación ha detallado al respecto que, "de forma concreta, en Chiclana de la Frontera para el curso 2025-2026, en la zona de escolarización 1, se ofertan 475 plazas para tres años, frente a 425 solicitudes. Hay, por tanto, 50 plazas disponibles. En el caso del CEIP Atlántida, que ha recibido 45 solicitudes para 25 plazas iniciales, la administración ha autorizado una unidad adicional, ampliando la oferta a 50 plazas para dar cobertura total a la demanda”.
Además, ha apuntado que, “para la zona de escolarización 2, se ofertan 250 plazas para tres años, con 219 solicitudes registradas, lo que deja 31 plazas disponibles. En el CEIP Isabel La Católica, al recibir 33 solicitudes para 25 plazas —y al ser centro receptor de alumnado con transporte escolar—, también se ha autorizado una unidad extra, alcanzando las 50 plazas”.
Por otro lado, la Delegación de Educación ha indicado que “en los cursos intermedios, el número de solicitudes suele ser reducido, lo que permite garantizar la escolarización sin necesidad de superar las ratios legalmente establecidas. Además, una vez finalizado el periodo de matriculación, los centros certifican el número real de alumnado por nivel educativo. Si a través de esa certificación se detectara que la ratio va a superarse, la Delegación responde de forma inmediata habilitando nuevas unidades, garantizando siempre el derecho de escolarización del alumnado y el estricto cumplimiento de la legalidad”.
También ha recordado que “el procedimiento de escolarización es un proceso vivo y adaptable, que se ajusta en función de las necesidades de cada momento y zona. La administración actúa con responsabilidad, transparencia y compromiso con la comunidad educativa, trabajando siempre por garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa”.
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