Fútbol El Cádiz CF, muy atento a una posible permanencia administrativa

Chiclana

VOX interpone una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de prevaricación en el pliego de los autobuses de Chiclana

  • Manuel Vela recuerda que “casi cuatro años y medio después de expirar el contrato, aún no se ha iniciado el proceso de licitación”

Representantes de VOX ante el Palacio de Justicia

Representantes de VOX ante el Palacio de Justicia

El Grupo Municipal VOX Chiclana, a través de su portavoz, Manuel Vela, ha interpuesto este jueves una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz por un posible delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal en el caso del servicio municipal de transporte urbano colectivo.

Al respecto, la formación política afirmó que, “actualmente, casi cuatro años y medio después de expirar este contrato, aún no se ha iniciado el proceso de licitación, prestándose este servicio sin él”.

Sobre este asunto explicó que, a pesar de que se han realizado prórrogas “de carácter de emergencia y excepcionales”, la elaboración del pliego a una empresa externa, algo obligatorio, “no se adjudica hasta el 23 de diciembre de 2021, tiempo injustificado toda vez que al ser un contrato menor no era preciso ningún proceso de licitación”.

Y agregó que, “conforme al encargo antes mencionado, realizado a la empresa Moetrason S.L., el plazo para entregar este era de 365 días, por lo que, al menos, desde el 23 de diciembre de 2022, se dispone de pliego para la licitación del servicio de transporte colectivo urbano”.

En este contexto, el portavoz del Grupo Municipal VOX, Manuel Vela, declaró que “consideramos que existe una evidente, palmaria y dolosa dejación de funciones por parte del alcalde, José María Román Guerrero, toda vez que el órgano competente para la aprobación del pliego es el Pleno y recae sobre las funciones de aquel su convocatoria y determinación del orden del día”.

Para VOX Chiclana, dicha omisión responde a “la voluntad de que siga prestando el servicio la actual concesionaria, pudiendo ser constitutivo de un delito de prevaricación por omisión, cuyos requisitos se cumplen en la presente situación”.

Finalmente, Vela aclaró que “nuestra formación no tiene nada en contra de la empresa actual, pero consideramos necesario que una administración pública, como el Ayuntamiento de Chiclana, tiene que proceder correctamente y aportar la seguridad jurídica que un contrato de este tipo precisa”.

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