La delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha remitido a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía las más de 2.200 alegaciones presentadas por los ciudadanos y colectivos de la localidad a las Normas Sustantivas, un documento que servirá de punto de apoyo para organizar urbanísticamente Chiclana, hasta la redacción y posterior aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

Concretamente, según ha informado el Consistorio en un comunicado, se han presentado 2.225 alegaciones, si bien la gran mayoría responde a modelos preestablecidos, siendo realmente sólo 48 las alegaciones presentadas con carácter individual, y esperan que para finales de marzo éstas puedan entrar en vigor.

Una vez que los técnicos de la Dirección General de Urbanismo del gobierno autonómico analicen estas alegaciones y decidan cuáles pasarán a formar parte del texto definitivo y cuáles no, será competencia del Consejo de Gobierno andaluz su aprobación definitiva. 

A partir de ese momento, volverán al ámbito municipal para su entrada en vigor, por un plazo máximo de dos años desde ese momento. 

Las Normas Sustantivas nacieron por la necesidad de contar con un documento legal que permitiera una solución al urbanismo de Chiclana, después de que se anulase el anterior Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, hecho que hizo retroceder a la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, a las normas de 1987, provocando que la ciudad contara con aproximadamente un 80 por ciento de suelo no urbanizable y el urbano se redujera prácticamente a la Avenida del Mueble, la zona de la costa y el centro de la ciudad. 

Ante la gravedad del problema se acordó con los responsables autonómicos la elaboración de unas normas que dieran "una solución realista a un problema tan grave y complejo como es la anulación del PGOU", según ha recordado el edil de Urbanismo, Andrés Núñez (PP).

Así, con la elaboración conjunta de este documento, la ciudad ha pasado de contar con un 20 por ciento de suelo urbanizado en las Normas Subsidiarias a un 80 por ciento, salvándose "multitud de desarrollos y dando salida a las áreas de gestión básicas", según ha declarado Núñez, para quien este documento ofrece una "importantísima seguridad jurídica urbanística al municipio, perdida tras la anulación del Plan General".